El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, en una imagen de archivo
Denuncian por administración desleal al alcalde de Valladolid y a un consejero de la Junta tras oponerse a los planes de Puente
El ministro de Transportes, Óscar Puente, selló una hoja de ruta llamada integración ferroviaria que está en el centro de la discordia
La Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) y el Ateneo Republicano de Valladolid han registrado ante la Fiscalía General del Estado en Madrid una denuncia por un presunto delito de administración desleal contra seis consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. (SVAV).
Los denunciados son el alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y otros cuatro consejeros de la SVAV, entre ellos la cabeza de lista del PP por Valladolid, María Pardo, y exdirectora general de Urbanismo.
La denuncia también está dirigida contra los concejales de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y de Urbanismo, José Ignacio Zarandona Fernández, y contra el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Marinero Peral.
Según recoge Europa Press, las organizaciones denunciantes apuntan en concreto a que la no licitación de los pasos de Ariza, la negativa de los denunciados al derribo del viaducto del Arco de Ladrillo y la no ejecución del Paso de San Isidro y la nueva estación de autobuses en Delicias son «decisiones arbitrarias» que no obedecen a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, «sino a una voluntad contraria al interés público» en «una injustificable estrategia de bloqueo cuyo slogan ha sido: soterramiento o nada».
En la denuncia registrada ante la Fiscalía General del Estado se solicita que se investiguen los hechos y que se recabe la documentación societaria y administrativa necesaria para constatar los hechos, junto a las consecuencias económicas y de interés público para la ciudad de Valladolid.
Además, se solicita la declaración como testigos del resto de consejeros de la sociedad y, en especial, de su presidente, de la secretaria del consejo de administración y del director general de la sociedad.
«Obstaculización intencionada»
Asimismo, explican que la denuncia documenta «de forma pormenorizada» que los representantes municipales y autonómicos han usado su puesto en el Consejo de Administración de SVAV para impedir la licitación y ejecución de obras ya proyectadas, «lo que constituye una obstaculización intencionada sin sustento en ningún informe técnico, basada únicamente en criterios de oposición política, lo que ha supuesto que con sus decisiones hayan paralizado la actividad de la sociedad».
Los colectivos denunciantes aseguran que la obstaculización o «inactividad deliberada» ha supuesto una desviación del objeto social de la SVAV ya que han impedido las actuaciones que se contemplan en el marco del convenio de 2017 que son el fin de la entidad.
En este sentido, insisten en que los fondos destinados a la ejecución de obras públicas no han servido a su finalidad legal por lo que se incumple el principio de buena administración y el deber de diligencia de quienes ejercen funciones directivas sobre patrimonio público.
«La decisión arbitraria o la inacción negligente de los denunciados no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, sino que responde a una voluntad contraria al interés público y a los fines propios de la sociedad, actuando con abuso de sus facultades de gestión y con infracción del deber de fidelidad al patrimonio administrado», insisten los colectivos denunciantes.
Asimismo, aseguran que la denuncia «deja claro» que los acuerdos alcanzados en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (convenio de integración ferroviaria) establecen un vínculo entre las instituciones y sociedades implicadas (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Adif y Renfe) que no es comercial, «por lo que su causa es el interés público de Valladolid».
En este sentido, apuntan a una «administración infiel» del patrimonio público confiado, «caracterizada por la inobservancia consciente del deber de diligencia y de lealtad institucional», añaden e insisten en que la reiterada negativa de los denunciados a la licitación de los tres pasos de Ariza, la paralización del derribo y sustitución del viaducto del Arco de Ladrillo, del paso de San Isidro y del proyecto de la nueva estación intermodal de autobuses prevista en el barrio de las Delicias obedece «a una voluntad contraria al interés público».
«Los denunciados han administrado la Sociedad Valladolid Alta Velocidad de forma desleal, ilegal e indecente», concluyen las tres organizaciones en su denuncia en la que acusan a Carnero, Quiñones y a los cuatro consejeros de la SVAV señalados de una actuación «contraria» a los compromisos adquiridos y suscritos en el Convenio de 2017 de integración ferroviaria en superficie.
Y hacen hincapié en que el único objetivo de los denunciados ha sido «de oposición política» para «reivindicar un soterramiento ya descartado unánimemente y sin la aportación de absolutamente nada que justifique ni su viabilidad técnica, ni su viabilidad financiera, ni la mas mínima posibilidad de que la SVAV comulgue con esa falaz rueda de molino».
