PP y Vox llegan a las urnas en Castilla y León chocando por lo mismo que provocó su 'divorcio'

El que fue el primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox, el de Castilla y León, saltó por los aires en julio de 2024, tras aceptar las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), aprobado por el Congreso de los Diputados. Vox se marchó de esos Ejecutivos autonómicos esgrimiendo el argumento de que la medida condenaba «a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor para todos los españoles».

Para el PP, sin embargo, este arriesgado movimiento de los de Santiago Abascal fue realizado en clave electoralista, para no quemarse en el día a día de la gestión cuando había un horizonte electoral tan movido, sobre todo con las generales de, como tarde, 2027 en el horizonte. Esto no es baladí. Por ejemplo, durante la tragedia de la dana en Valencia, la Consejería encargada de las emergencias habría estado en manos de Vox y no del PP de Carlos Mazón, por poner un ejemplo de por dónde podrían haber ido los derroteros.

Sea cual fuere la verdadera razón del divorcio, la realidad es que el asunto migratorio, uno de los debates en boga en todo el mundo occidental, sigue siendo una de las mayores diferencias entre PP y Vox, si no la mayor. La campaña electoral de los de Abascal en la Comunidad se ha basado en buena parte en este asunto. No en vano, y como el propio partido siempre resalta, su discurso es el mismo en toda España.

El problema es que tanto las bondades como los perjuicios del fenómenos migratorio no es exactamente igual en todos lados. Es imposible que preocupe de la misma forma en una localidad como El Ejido, en Almería, donde tres de cada diez habitantes son foráneos, que en un pequeño pueblo de Zamora donde apenas si se ha visto alguna vez allí a un extranjero.

La estrategia de Vox, sin embargo, le ha venido sirviendo hasta la fecha, a tenor de los resultados obtenidos tanto en Aragón como en Extremadura, en una tendencia que probablemente sí sea común en toda España: la de su crecimiento electoral. En Castilla y León, esa ola, sin embargo, podría no ser tan alta como en otras zonas de España, ya que el auge de Vox ya se produjo en 2022, en los anteriores comicios, cuando el partido liderado en Castilla y León entonces por Juan García-Gallardo se disparó hasta los 13 procuradores en las Cortes.

El 'divorcio' de 2024 no está, ni mucho menos, superado por parte de ambas formaciones. A lo largo de la campaña este ha sido un asunto que no ha dejado de repetirse tanto en los mítines de Alfonso Fernández Mañueco como en los de Carlos Pollán. Las rencillas se han visto incluso en enfrentamientos directos, como el del primer debate en televisión, y está sirviendo a ambas fuerzas para ir marcando posiciones. Así, los 'populares', viendo cómo se han ido desarrollando las cosas en Extremadura y Aragón, con desenlace feliz para los protagonistas en el caso de la primera, han alertado con vehemencia de que Vox quiere el voto «para bloquear», como han insistido tanto Mañueco como su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, hasta la saciedad.

Los aludidos, sin embargo, han ido aclarando su postura respecto a los posibles pactos de forma progresiva, hasta que en uno de sus últimos mítines, Abascal fue más allá de mostrar su objetivo de «gobernar» y apuntó a que las negociaciones con el PP en Castilla y León comenzarían el día después de las elecciones. Éstas se prevén duras, ya que las posiciones de ambos parten de puntos relativamente lejanos, aunque con algún gesto de acercamiento, como el dado por Mañueco durante el segundo debate.

Allí zanjó el asunto migratorio de la siguiente manera: «La inmigración, regular y ordenada. Aquí el que venga a trabajar y cumplir la ley, sin problema». Pollán le felicitó, no sin cierta ironía, con que se alegraba de su «nuevo discurso» sobre una cuestión que al castellanoleonés medio no parece inquietarle en demasía, más allá de la creciente inseguridad que viven algunas localidades fruto de una inmigración llegada de golpe y que ha hecho disparar sus índices de criminalidad. El cierre de las urnas dejará ver qué ha pasado en localidades como Medina del Campo, que ya se encuentran entre las que más han visto aumentar sus estadísticas delictivas.

A esta cuestión, se le añaden otras que pueden ser motivo de choque entre las fuerzas de la derecha, como la ideología de género, aceptada en buena medida por el PP y su viraje al centro, o las políticas de la Agenda 2030, que ídem. ya se verá cómo se puede plasmar esto en un hipotético Gobierno de coalición de ambos partidos, que ya en el pasado se han podido entender, con ejemplos de buena sintonía política como pasaba, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Con menos sintonía, ya se hizo en Castilla y León, el primer precedente de lo que podría ser el futuro Gobierno de España alternativo a la opción de Pedro Sánchez. Claro que, hace dos años ese pacto acabó hecho un 'gurruño'.