El expresidente de la Generalitat en el Parlamento Europeo
La Fiscalía rebaja a 3,4 millones de euros el desvío de fondos de los líderes del procés por el 1-O y la acción exterior
La instructora del Tribunal de Cuentas había fijado en 9 millones de euros la cantidad desviada
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado a más de la mitad, lo deja en 3,4 millones de euros, la reclamación que exige a los gobiernos de la Generalitat de Artur Mas y de Carles Puigdemont, por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre y por la acción exterior de la Generalitat para promocionar el proceso independentista. El Tribunal de cuentas había fijado en 9 millones de euros este importe por las dos causas que se juzgarán de forma conjunta.
La Fiscalía ha presentado este miércoles la demanda contra 35 exaltos cargos del gobierno catalán a los que considera responsables de este desvío de fondos, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o exconsejeros como Raúl Romeva, Dolors Bassa o Jordi Turull. También incluye a los consejeros que considera «rebeldes», como Toni Comín y Lluís Puig que huyeron de España para no ser juzgados. En cambio, quedan fuera de la demanda Josep Maria Jové y Natalia Garriga, exaltos cargos del departamento de Economía o también la interventora general, Rosa Vidal.
De esta forma, y en relación con el referéndum ilegal, el ministerio público reclama ahora 1,1 millones de euros frente a los 3,9 iniciales. Justifica esta rebaja por ceñirse estrictamente a los hechos probados en la sentencia del TS y asegura que «ha establecido un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo en cuanto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autoridad de las mismas».
Respecto a la acción exterior de la Generalitat para promocionar el proceso independentista, la Fiscalía reclama ahora la devolución de 2,2 millones de euros. Inicialmente, se había pedido 5 millones. El ministerio público entiende que no todos los viajes al extranjero entre 2011 y 2017 pueden enmarcarse en este ámbito, es decir, no todos tuvieron como objetivo la promoción del «procés» y el hecho de que se hicieran declaraciones sobre el referéndum o el proceso independentista aprovechando algunos de estos viajes «quedarían amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones».
Una rebaja de la Fiscalía que coincide también con un cambio de posición del Tribunal de Cuentas en relación a los avales de la Generalitat para los exaltos cargos investigados. La ponente María Rosario García, en su auto, decía que era «irracional y absurdo» que no se aceptara este mecanismo, entre otras cuestiones porque es «una forma admitida en una ley».
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