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El TSJC cree que el Govern aprobó el decreto que rechaza porcentajes para no aplicar la sentencia del 25 % de español
Hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto, deniega a una familia más educación en español
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denegado a una familia la medida cautelar para que se aplique el 25 % de castellano en la clase de su hijo, que es alumno de primero de primaria. El tribunal, en una providencia a la que ha tenido acceso El Debate, recuerda que están en vigor el nuevo decreto del Govern por el que se fijan los criterios para la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y también de la ley del Parlament sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Normativas que impiden que se aplique esta medida cautelar, entre otras cosas, recuerda el TSJC, porque el decreto recoge «prohibir expresamente la aplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Los magistrados aplazan la decisión hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva sobre la constitucionalidad del Decreto.
Y es que el TSJC deja claro que, aunque «las normas cuestionadas impiden a este tribunal conceder la tutela cautelar instada por la parte demandante», estas normas suscitan «dudas de validez constitucional». En la providencia, los magistrados consideran que «ambos textos legales contravienen los fundamentos constitucionales de la consideración del castellano como lengua vehicular de la enseñanza», que han fijado el TSJC en varias ocasiones; y también dicen que «ambos textos legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros sobre el modelo de conjunción lingüística tomados en consideración en la reiterada interpretación conforme a la Constitución realizada por esta Sala, así como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo».
Y, es más, el tribunal recuerda que el Decreto del Govern se promulgó «en coincidencia temporal» con la finalización del plazo de ejecución forzosa de la conocida como sentencia del 25 % de castellano, lo que pone de relieve, según los magistrados, «que la finalidad de esta legislación de urgencia está en conexión con la de evitar el cumplimiento de la sentencia dictada en el citado Recurso 168/2015, lo que se extiende a todos los casos particulares sobre el mismo objeto como el presente».
A todo ello, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, dice que están en una situación de espera hasta que el TC se pronuncie sobre el decreto del Govern. Y lamenta que el gobierno de España no «mueva un dedo por hacer cumplir la ley en Cataluña» y ni siquiera tenga intención de recurrir este decreto para parar su aplicación y que se pueda «cumplir la sentencia del 25%». Y esto, añadía, puede tardar «seis meses o dos años», por eso los abogados de la AEB están buscando otras fórmulas para «proteger» el derecho de las familias a recibir más educación en castellano para sus hijos hasta que el TC se pronuncie.
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