Colau abre otro frente con los propietarios de la casa Orsola por unos pisos okupados

En octubre del año pasado la empresa Lioness Inversiones SL compró la casa Orsola, un edificio modernista que se encuentra en pleno Eixample, en la calle Consell de Cent de Barcelona, y que cuenta con 27 viviendas. Con algunos de estos inquilinos, con cuatro concretamente, la empresa tiene abierto un litigio. Y a ello hay que sumar la ocupación ilegal de dos pisos, y la aparición en escena del Sindicato de Llogaters y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que a menudo protege los intereses de este sindicato.

Denuncia de ilegalidades de la empresa

Desde esta plataforma denuncian que Lioness es un fondo buitre que compró la finca con la voluntad de reformarla, y todo ello con el proyecto de la «supermanzana del Eixample» como trasfondo, porque atrae, dicen, «a gente que quiere pagar lo que sea por vivir en calles bonitas y accesibles», según apunta la portavoz del sindicato Carmen Arcarazo. Pero, además, denuncian que la empresa nunca ha tenido intención de negociar con los vecinos afectados, que se mueve sólo por la especulación. Y dejan claro que van a denunciar todas las «ilegalidades» que, a su juicio, está cometiendo la empresa, como, por ejemplo, no ofrecer un alquiler social a los inquilinos y empezar las obras en el edificio sin permiso.

Ni especulación ni vulnerables

¿Y qué dicen desde la empresa? De entrada, dejan claro que no son ningún fondo buitre, sino «una empresa familiar 100 % catalana que se dedica a vender hornos», según asegura la abogada María José Tarancón. En declaraciones a El Debate, explica que no quieren especular, y una prueba de ello, «es que a aquellos vecinos que tienen contratos indefinidos o a largo plazo se les ha respetado». Es más, precisa Tarancón, se ha llegado a un acuerdo con una mujer de 80 años para alargarle el contrato, aunque no se encontraba en riesgo de exclusión social porque tenía familia. Pero al propietario, dice la abogada, «le sabía mal que se tuviera que ir, y por eso se pactó con ella alargar el plazo».

La abogada explica que, a los cuatro vecinos en cuestión, simplemente se les ha terminado el contrato y no se le ha renovado. El problema añade, es que «quieren seguir pagando rentas bajas de forma indefinida, quieren contratos indefinidos y que se les dé un alquiler social cuando ni les ampara la ley. Habrá que ver lo que dice el juzgado, y a los dos okupas, lo mismo».

Acciones judiciales contra Colau

Lo cierto es que, desde entonces, otros activistas y miembros del Sindicato de Llogaters han estado organizando acciones de protesta, no sólo en el edificio de viviendas, sino también en la sede de la compañía. Este sábado pasado llevaron a cabo una concentración para «denunciar» la actitud de Lioness. Y en medio de todo este panorama, aparece la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Porque, sólo unas horas antes de que se llevara a cabo esta protesta, envió una carta oficial a la en la que presionaba a la propiedad en favor de los okupas. Les recordaba, según Tarancón, su obligación de ofrecer un alquiler social, cuando la abogada recuerda que los inquilinos en cuestión «no han podido acreditar su vulnerabilidad».

La abogada considera que esta carta contiene «difamaciones y coacciones», por lo que no descartan emprender acciones legales contra los activistas, pero también contra la alcaldesa de Barcelona: «Nos causa indefensión porque recibimos amenazas, coacciones, por parte del Ayuntamiento. Pero es que está por escrito, ¿eh? Es que la carta es del 3 de noviembre, y la recibimos un día antes de la manifestación. Y firmada por la propia alcaldesa».

Tarancón explica que la empresa quiere rehabilitar el edificio, que tiene un plan de actuación para subsanar «importantes deficiencias», y aplicará la ley «tanto para los vecinos que aún conservan ese derecho como para los que ya no lo tengan». Además, ha dejado claro que Lioness mantiene «la voluntad de negociación» y las conversaciones con los vecinos siguen abiertas.