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29 de marzo de 2024

Pintada en un local de Barcelona

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Cataluña

Solo un 15 % de los comercios en Barcelona tiene el letrero en castellano

Este es el panorama lingüístico en los comercios y empresas de Cataluña

La ley de política lingüística establece que las empresas deben poder atender a los clientes tanto si hablan en catalán como en castellano, o en aranés en la Vall de Aran; que deben tener los letreros fijos (cualquier elemento informativo de carácter fijo independientemente de su soporte) y los documentos de oferta de servicios al menos en catalán. Y de no cumplirse estas disposiciones, estas empresas o comercios pueden ser sancionados. En definitiva, pueden recibir una multa si los rótulos están en español y en inglés; pero no si están en catalán e inglés, aunque el castellano no aparezca por ningún lado. Y lo mismo puede suceder en el caso de un restaurante. Pueden recibir una sanción si la carta está en español, inglés y francés; pero no así, si están en catalán, inglés y francés.
Fue en 2010, cuando se aprobó la ley del Código de Consumo de Cataluña, que daba validez legal a las multas lingüísticas. Gobernaba en la Generalitat el tripartito formado por PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Aunque eso mismo año cogió el relevo al frente del gobierno catalán Artur Mas, y fue entonces cuando las sanciones empezaron a interponerse, algo que no había sucedido prácticamente en los meses anteriores.

Las multas surten efecto

Desde la Agencia Catalana de Consumo se defienden estas multas porque hay «vulneración de derechos lingüísticos» de los consumidores. Pues bien, según datos de este organismo, el año pasado las sanciones por este motivo fueron 33, mientras que en 2019 se multaron a 94 comercios y se recaudó algo más de 55.500 euros por este concepto. En 2018 se impusieron 78 multas lingüísticas, 67 en 2017 o 70 en 2016.
Y lo cierto es que estas multas, que en algún caso han alcanzado hasta los 10.000 euros, surten efecto. Según ha denunciado Convivencia Cívica Catalana, sólo el 15 % de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español, mientras que en Lérida es del 9 % y en Gerona aún baja más este porcentaje, hasta el 5 %. La entidad lamenta que «los separatistas no tienen suficiente, siguen persiguiendo y multando a los pocos que lo usan. No buscan proteger el catalán, buscan erradicar el y lo español».
Es lo que nos decía Lucas, que tiene una tienda en Barcelona. Aún mantiene el rótulo en español, porque el comercio lo fundó su padre y quiere «dejarlo tal cual». Nos dice que si vienen «y me dicen que lo tengo que cambiar, pues supongo que no tendré más remedio que hacerlo, pero también le diría que me den ayudas y subvenciones, que la vaca no da para tanto». No entiende cómo se puede mantener este tipo de multas, porque «el negocio es mío. ¿Yo no puedo decidir qué es lo que hago en mi tienda? Y no digo de poner los letreros en francés, los tengo en una de las lenguas oficiales. Además, yo hablo catalán y español, atiendo indistintamente a mis clientes en cualquiera de las dos lenguas, pero por dios, que me dejen elegir, que para eso la tienda es mía. Además, ¿y si mi cliente potencial habla mayoritariamente castellano?». Lucas dice que se está librando, por el momento, aunque un conocido suyo del barrio sí que fue obligado a cambiar el rótulo. «La broma le costó 1.500 euros», nos dice.

Grandes y pequeñas empresas

Y de las multas no se libre nadie, ni pequeños comercios, ni grandes. Es el caso de Burger King. Un cliente interpuso una queja en 2020 porque en las máquinas de pedidos de un local en Barcelona sólo se ofrecía la posibilidad de hacer el pedido en castellano o inglés, lo que, según el denunciante, «contradice el código y la ley de consumo de la Generalitat de Cataluña». Hace sólo unos meses la cadena recibió la respuesta de la Agencia Catalana de Consumo informándoles de que se iniciaba el expediente sancionador “o que te podría acabar en multa a Burger King «si resultan probados los hechos de denuncia». La empresa podría ser sancionada hasta con 10.000 euros, al tratarse de una infracción leve. Anteriormente han sido multadas El Corte Inglés, Renfe, tampoco se han librado los bancos o Zara.

El papel de Plataforma per la Llengua

Y allí donde no llega la propia administración con sus inspectores, lo hacen los ciudadanos de a pie. Y en este sentido, Plataforma per la Llengua juega un papel importante en la campaña de delaciones. De hecho, la llamada ONG del catalán, una entidad fuertemente subvencionada por parte de las administraciones, lleva tiempo movilizando a sus seguidores para que denuncien cualquier tipo de vulneración de sus «derechos lingüísticos». La propia entidad ya lo ha hecho con compañías como Bizak, Famosa, o Mattel, por no doblar sus anuncios al catalán (lo hizo en época de Navidades). Y también ha denunciado a Bimba y Lola o Pepe Jeans por no etiquetar sus productos en catalán. Todo esto lo llevó a cabo en 2022.
También hace unos meses, unos 60 voluntarios de Plataforma per la Llengua, se movilizaron para señalar a dos restaurantes que no tenían la carta en catalán. Se trataba de un local de la cadena Five Guys de Plaza Cataluña y otro de la cadena Surf House, ambos en Barcelona. Consiguieron reunir más de medio centenar de denuncias de los participantes que se enviaron a la Agencia Catalana de Consumo, que ha iniciado los trámites para el proceso de denuncia administrativa contra los dos establecimientos.
Y este año, los independentistas, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también Plataforma, han empezado su particular guerra contra Google: «Ya hace unas cuantas semanas que el catalán queda sistemáticamente arrinconado en los resultados que devuelve vuestro buscador en las consultas de los usuarios catalanohablantes. ¡Hacen falta soluciones!». También anteriormente, la entidad ha pedido explicaciones a Suchard porque en sus turrones no aparecía el catalán en sus tabletas personalizadas para reglar a familiares o a amigos, con Coca Cola o Netflix.

Servicio de quejas lingüísticas

Y es que efectivamente, Plataforma ha puesto en marcha un «servicio de quejas lingüísticas» en el que los ciudadanos pueden denunciar y señalar a establecimientos y trabajadores que no usen el catalán. Como, por ejemplo, uno de los más recientes, el camarero de una chocolatería de Barcelona. Se quejaba un internauta de que el trabajador en cuestión le había pedido el código QR en castellano, y al preguntarle si se lo podía decir en catalán, el camarero les respondió: «empezamos mal, tengo la libertad para hablar lo que quiera». Desde Plataforma per la Llengua respondieron al internauta con el enlace de este servicio de quejas.
Y no sólo los establecimientos están en el punto de mira de los defensores del catalán, también los propios trabajadores. Por ejemplo, hace un tiempo, dos mujeres increparon a la trabajadora de una panadería de la Avenida Meridiana de Barcelona porque ésta les estaba atendiendo en castellano.
También la dueña de una pizzería de Barcelona denunció a los Mossos que estaba siendo acosada después de que un cliente criticase al restaurante en Twitter porque no le habían atendido en catalán. Ella, italiana, dijo que no podía hacerlo porque no sabía hablarlo, aunque sí le dijo que lo entendía si le hablaba más despacio. A los pocos días aparecieron pintadas en la fachada del negocio en la que decían que o hablase catalán o emigrase.
Pintadas que aparecieron en este pizzeria del barrio de El Clot

Pintadas que aparecieron en este pizzeria del barrio de El Clot

Y tampoco se libró de las críticas una camarera del bar del Parlament, Amparo. Aparecía en un reportaje en TV3, y muchos le reprocharon que utilizara el castellano. Llegaron a decir: «Si no quiere hablar catalán y desprecia la lengua de la tierra, que la echen».
No le debe parecer suficiente a la Generalitat la presencia del catalán en el ámbito empresarial y comercial. Hay que tener en cuenta que quiere potenciar aún más el uso de esta lengua en todos los ámbitos (educativo, sanitario, audiovisual, económico o tecnológico) ante el «retroceso» que está sufriendo y la situación de «emergencia» en la que se encuentra. De ahí que hace unos meses se anunciaran 100 medidas para impulsar el uso del catalán. Y, entre ellas, se contempla ahora que en determinados casos se puedan sustituir las multas lingüísticas por cursos formativos para los trabajadores.

«Políticas profundamente discriminatorias»

Para el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, las políticas que están llevando a cabo tanto el gobierno catalán, y que quiere impulsar también el ayuntamiento de Barcelona son «profundamente discriminatorias» y lamenta que no se quieran garantizar los derechos Lingüísticos «en pie de igualdad, sino sólo en favor del catalán». En ese sentido, recuerda que las administraciones deben atender a los ciudadanos indistintamente en ambas lenguas, algo que no hacen; y, sin embargo, añade, «se quiere imponer el uso del catalán en las relaciones privadas», donde recuerda Domingo, tiene que «primar la libertad de elección y si se aplican medidas de coacción, que estén destinadas al uso de los dos idiomas oficiales peor sólo les favorece el uso del catalán».
Domingo ve con buenos ojos que se faciliten cursos de catalán y de castellano a los trabajadores, «pero nunca como alternativa al régimen sancionador». Y deja claro que se tiene que «acabar con la política represiva de las multas lingüísticas». También lamenta que en Cataluña se haya optado por la vía «radical, de la denuncia y de la sanción» y que esté siendo «estimulada» por los elementos «mas radicales de la sociedad catalana», como es el caso de Plataforma per la Llengua. Unas asociaciones, dice Domingo, que postulan «un imposible derecho a vivir sólo el catalán, cuando en un régimen democrático se debe postular vivir en libertad, y que se utilice el catalán o el castellano».
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