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26 de abril de 2024

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC y líder de la oposición, Salvador Illa, se saludan antes de firmar el acuerdo de Presupuestos catalanes de 2023
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LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC y líder de la oposición, Salvador IllaEuropa Press

Cataluña

El PSC y ERC sientan las bases para la entrega de infraestructuras clave a Cataluña

El anexo del del acuerdo presupuestario entre Aragonès e Illa incluye concesiones de infraestructuras estratégicas del Estado a la Generalitat

El pacto presupuestario entre ERC, el PSC y los Comunes va acompañado de un anexo, con membrete oficial de la Generalitat y el logo socialista, que es una claudicación absoluta de los socialistas frente a los republicanos en materia de cesión de infraestructuras clave.
En materia aeroportuaria el pacto suscrito entre socialistas y republicanos, que favorece a ambos y permite a Aragonès y Sánchez llegar hasta el final de la legislatura y dejar apalabrado el apoyo mutuo en una futura investidura, dice literalmente en la página dos del mismo: «Facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en el que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña forme parte de la gobernanza y permita la conexión con alta velocidad ferroviaria de los aeropuertos de Girona y Reus».
Hay que recordar que AENA es una empresa cotizada en bolsa y con un 51 % del capital en manos del Estado que gestiona los 46 aeropuertos de España de forma integrada, además de tener intereses en otros países, con lo cual la incorporación de la Generalitat en «la gobernanza» solo se puede llevar a cabo o bien cediendo la gestión del aeropuerto, lo que es una vieja aspiración nacionalista, o bien incorporando a algún consejero a propuesta de ERC en el consejo de AENA presidido por el también catalán Maurici Lucena. La pérdida del aeropuerto de El Prat por parte de AENA tendría un impacto directo en sus cuentas, dado que los aeropuertos de Barajas, El Prat, Palma, Alicante y Málaga son clave para el sostenimiento de una red que en el resto de infraestructuras es deficitaria.
Asimismo, en la última página del documento anexo, ERC arranca el compromiso a los socialistas de la cesión de infraestructuras ferroviarias, lo que en la práctica supone una retirada de ADIF de Cataluña. En el acuerdo firmado por Aragonès e Illa solemnemente en el Palacio de la Generalitat se pacta: «La cesión de la titularidad de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la red ferroviaria de interés general». El documento no detalla qué infraestructuras son las segregables, con lo cual se ignora si se incluye las de la red de Alta Velocidad.
En caso de que las infraestructuras de Alta Velocidad hubieran estado en manos de la Generalitat durante los disturbios de 2017 y posteriores, cuando diversos días los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) intentaron cortar las vías férreas con sabotajes y ocupación de vías, los catalanes habrían quedado aislados del resto de España. La cesión de infraestructuras de ADIF a la Generalitat supondría, además, problemas con las autoridades europeas, dado que sobre esas vías circulan actualmente trenes de la francesa SNCF y de la empresa ferroviaria Italiana Trenitalia.
Como remate, el anexo del pacto presupuestario incluye un punto sobre la creación y adjudicación directa a un operador ferroviario de titularidad de la Generalitat que pasará a gestionar cercanías en Cataluña. El acuerdo rubricado entre ERC y el PSC dice «acordar con RENFE las actuaciones necesarias para adquirir y mejorar las trenes y talleres mientras la Generalitat no disponga de un operador propio preparado y en disposición de prestar los servicios de manera integral de manera inmediata».
En la práctica, RENFE, dependiente del Ministerio de transportes encabezado por la también catalana Raquel Sánchez, se compromete a realizar inversiones pagadas por RENFE que luego serán aprovechadas y explotadas, aparentemente sin posibilidad de amortización, por un operador de la Generalitat y a ceder la gestión de Cercanías sin mediar concurso público alguno. Expertos consultados por El Debate ponen en duda que las autoridades de competencia europeas permitan adjudicar de forma directa un servicio ferroviario con 85 millones de pasajeros anuales.
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