El gobierno de Illa pide a ex tutelados que devuelvan los pagos indebidos y ellos denuncian «indefensión»

Jóvenes ex tutelados de la Generalitat están recibiendo estos días notificaciones de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (actual DGPPIA, antigua DGAIA), en las que se les pide que devuelvan los pagos indebidos que han podido recibir en concepto de ayudas a la emancipación.

Ellos denuncian «indefensión», consideran que están siendo objeto de una «persecución administrativa» y, en muchos casos, alegan que no pueden devolver esas cantidades, que van de los 10.000 a los 40.000 euros. Consideran que son «inasumibles».

Toda esta situación se produce después de hacerse público un informe de la Sindicatura de Cuentas, en el que se ha detectado «al menos 167,56 millones de importes pagados indebidamente» de la consejería de Derechos Sociales de la Generalitat a beneficiarios de distintas prestaciones sociales de 2016 a 2024. De esa cantidad, 4,7 millones corresponden a los pagos indebidos otorgados por ese departamento a jóvenes ex tutelados.

Estos chicos aseguran que recibieron estas prestaciones «legalmente» y ellos no han cometido «ningún fraude ni ilegalidad». Por este motivo piden explicaciones a la consejería, sobre cuál ha sido el origen y con qué criterio se han enviado los correos.

El «acompañamiento» de la consejería

En estas cartas se les informa de que se les ha abierto un expediente por presuntos incumplimientos en los requisitos de la prestación, como, por ejemplo, no haber justificado algunas situaciones administrativas hace más de cuatro años. Sin embargo, apunten, no se precisa más ni se señala irregularidades concretes. Se les advierte que se les da diez días hábiles para justificar su situación personal.

También se les explica cuál es el importe máximo del pago indebido que se podía haber producido, aunque la cantidad, posteriormente, sea menor o se puede dar el caso en que no se haya cometido ninguna irregularidad porque el beneficiario de la prestación haya podido justificar lo que la administración le pide.

¿Qué dicen desde la consejería de Asuntos Sociales? Reconocen que se han enviado notificaciones a algunos jóvenes ex tutelados que recibieron ayudas en 2021. Y que, efectivamente, se les explica que se está revisando su expediente por un posible indicio de pago indebido. Se les pide que puedan acreditar si cumplían o no los requisitos para haber recibido esa prestación. Y, en cualquier caso, defienden que, por ley, está obligado el departamento a enviar estas notificaciones.

En cualquier caso, la consejera Mónica Martínez Bravo se reunirá con los jóvenes en las próximas semanas. Su voluntad es la de explicarlos todo el proceso y aclarar dudas, además de acompañarlos en este proceso. También dicen desde la consejería que este proceso forma parte de la nueva política de supervisión y control que se puso en marcha por parte de la DGGPIA, y que se está haciendo ahora una revisión mucho más en profundidad que en años anteriores.