El gobierno catalán tardó «más de un año» en reaccionar en el caso de la niña tutelada violada por pederastas

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión del gobierno catalán, Mònica Martínez Bravo, ha comparecido en el Parlament este miércoles para explicar los detalles del caso de la niña de 12 años que fue violada de forma reiterada por una red de pederastas en Barcelona a pesar de estar bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat.

Este caso ocurrió entre 2020 y 2023, y se ha convertido en representativo de la profunda crisis que atraviesa la protección a la infancia en Cataluña, ya que la DGAIA ha sido cuestionada de un tiempo a esta parte por presuntas irregularidades, como subvenciones millonarias sin control, cobro irregular de ayudas a menores y cargos de la DGAIA vinculados con las fundaciones beneficiadas por la misma.

Martínez Bravo, que se encontró con este asunto abierto al asumir el cargo y que ha prometido una «transformación integral y profunda» del sistema, ha confirmado en su intervención de este miércoles que «el protocolo de abusos no se activó hasta más de un año después de la primera sospecha».

La «lentitud» del sistema fue una de las primeras «disfunciones» que encontraron, pese a la «buena diligencia y coordinación» que encontraron, tanto de los educadores como del sistema educativo y de salud, que dieron la voz de alarma en un momento en que la DGAIA aún no tenía la guarda de la menor, ya que la custodia como tal nunca dejó de ser de la familia.

La consejera también ha asegurado que, como la DGAIA no llegó a tener la tutela de la menor, los profesionales de la misma no tuvieron acceso a toda la información de la investigación de Mossos sobre la trama de pederastia «hasta el momento en que ha aparecido en los medios de comunicación», ha asegurado.

167 millones en pagos indebidos

Sobre el informe publicado este miércoles por la Sindicatura de Cuentas que atribuye 167 millones de pagos indebidos de la Consejería de Derechos Sociales entre 2016 y 2024, Martínez Bravo los ha achacado al modelo de gestión, que a menudo no se ha dimensionado correctamente, ha dicho, y a la falta de digitalización de los sistemas.

«El grueso de las incidencias no es por una gestión de malversación, ni mucho menos; es por no tener suficientes manos para actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones y no tener la información para ajustar aquella prestación cuando el hecho se produce», ha declarado a la prensa este miércoles.

La principal solución, según ella, es tener unas herramientas digitales «adecuadas» y en la interconexión con otras bases de datos que permitan hacer una gestión automática, así como en tener unos equipos bien dimensionados y tecnificados.

El grueso de los pagos indebidos se enmarca en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también en prestaciones a extutelados o por discapacidad, y Martínez Bravo ha dicho que no podrán eliminarlos «completamente» mientras no tengan un marco jurídico y una nueva ley de renta garantizada que permita la gestión automatizada.

Sobre las devoluciones de estos pagos, ha dicho que deberán analizar qué deben hacer, pero cree que servirán los «planteamientos» utilizados en los pagos indebidos anteriores en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que finalmente se condonaron.