El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen de archivo
El laberinto catalán
La ruptura entre Junts y Sánchez son 'fake news': han votado dos de cada tres leyes aprobadas desde entonces
Desde que Junts anunció el fin de las relaciones, ha apoyado dos terceras partes de las iniciativas del Gobierno en el Congreso
Desde que en octubre de 2025, hace medio año, Carles Puigdemont anunciara solemnemente la ruptura de relaciones entre Junts y el Gobierno, el teléfono rojo entre Waterloo y La Moncloa –lejos de cortarse– ha seguido activo. Muy activo, de hecho: de las 15 leyes aprobadas desde entonces, diez han contado con el apoyo de los archifamosos siete diputados de Puigdemont en el Congreso.
El balance de la anunciada ruptura ha sido mucho menos traumático de lo que el prófugo líder independentista anunció, dado que la bancada encabezada por Míriam Nogueras ha votado en diez ocasiones con el Gobierno, se ha abstenido en cinco -en uno de esos casos, esa abstención sirvió para que el Gobierno sacara adelante sus propósitos- y solo ha votado tres veces en contra.
Seis meses después del anuncio de su salida de la mayoría de la investidura, Junts sigue siendo un socio bastante fiable de Sánchez, apoyando la convalidación de Reales decretos en temas diversos como los relativos a las ayudas a los enfermos de ELA, el bono del transporte, las indemnizaciones por el accidente de Adamuz, las medidas para hacer frente a la guerra de Irán o la subida salarial de los funcionarios.
En el paquete legislativo que el Gobierno ha llevado a las Cortes, el apoyo de los neoconvergentes también ha sido clave en diversas leyes que no hubieran tenido luz verde sin el OK de Puigdemont. La ley de economía social, la de movilidad sostenible o la de atención a la clientela llevan la firma imprescindible del botón verde de los diputados de Junts.
¿Y a cambio?
Las contrapartidas logradas por Junts a cambio de este apoyo no tienen valor vinculante, aunque en algunos casos sean muy aparentes. Por ejemplo, el compromiso del gobierno de apoyar una proposición no de ley de Junts sobre la exención del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, en cumplimiento de una directiva europea. El hecho de que el compromiso del Gobierno sea apoyar una PNL deja dicho acuerdo en papel mojado.
Junts ha elegido donde dar sus golpes al Gobierno de forma selectiva, y se ha centrado en dos materias: Presupuestos y vivienda. Puigdemont y su séquito no quieren que cale el mantra repetido una y otra vez por Gabriel Rufián de que Junts forma parte de un bloque de derechas con el PP y VOX, y por eso les cuesta tanto materializar su amenaza de ruptura con el gobierno.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno
La realidad es que el tetris de la mayoría y la falta de fluidez en las relaciones, especialmente, entre el Gobierno y Junts ha hecho que actualmente haya 128 iniciativas legislativas empantanadas en diversos momentos de tramitación. De estas, 50 son de rango mayor al tratarse de proyectos de ley.
Ante la dificultad para transaccionar con Junts, el Gobierno aplaza y amplía los periodos de tramitación y enmiendas una vez tras otra, y algunas acumulan ya cerca de 90 prórrogas. Diversos sectores afectados, a la espera de que vean la luz normativas que afectan a su sector, ya dan la legislatura por acabada y han tirado la toalla, dado que, una vez las cámaras se disuelvan, todas las leyes en tramitación decaen y debería ser un futuro gabinete el que reiniciaría la tramitación de esas 50 leyes con el mismo redactado, uno modificado o bien olvidarlas.