Los responsables de la fallida protección de menores en Cataluña ponen como excusa la aplicación del 155

Pudo haber «incidencias administrativas», era «una situación ética y moral» o «nadie se ha enriquecido». Son algunas de las expresiones que han utilizado los ex responsables de la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de la que depende la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, la DGAIA, durante su comparecencia este miércoles, en comisión, en el Parlament.

Este organismo, que el Govern va a eliminar para sustituirlo por otra estructura, está en el punto de mira por presuntas irregularidades, como, por ejemplo, en la gestión de las ayudas a jóvenes ex tutelados o en la contratación y adjudicación del servicio de acogida de menores, porque, se abusaba de la contratación de emergencia o se aprobaban prórrogas de contrato sin haber firmado ni un solo documento.

El ex consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, ha asegurado que estas formas de proceder respondían a una obligación «legal, ética y moral» para acoger a los jóvenes, teniendo en cuenta que se tuvo que gestionar una situación de «emergencia» por la gran cantidad de chicos que llegaron a Cataluña. Entre 2016 y 2020 llegaron unos 9.500, según datos que ha facilitado el ex secretario Oriol Amorós.

Aplicación del 155

Además, según el ex consejero, la situación era complicada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que duró entre octubre de 2017 y junio de 2018) y la falta de presupuestos: «fue un trabajo titánico por el que nadie estaba preparado». Y todo ello, apunta, con una administración ya muy «tensionada».

Así, por ejemplo, y sobre la prórroga de contratos que no se habían firmado, pero se continuaba prestando el servicio, ha explicado que no se firmaron durante el 155 y se encontró, cuando asumió el cargo, casi 900 millones de euros de servicios sociales que tampoco se habían firmado.

También ha asegurado que no era fácil encontrar entidades que pudieran gestionar los centros de acogida, y éstas, a su vez, encontrar profesionales. De ahí que algunos jóvenes acabaran durmiendo en comisarías.

Y ante esta situación, «la única manera posible» de salir del atolladero era la contratación de emergencia, entre otras cosas, porque era «la figura jurídica que teníamos en aquel momento». Y, además, ha apostillado que este tipo de contratos recibían la aprobación del conjunto del gobierno de la Generalitat.

Oriol Amorós

También ha tirado de 155 el ex secretario general de Trabajo Oriol Amorós, que ocupó el cargo entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, ha asegurado que la llegada masiva de menores y la aplicación de ese artículo de la Constitución por parte del gobierno de Rajoy tuvieron una incidencia «muy importante» en la contratación. Y, en cualquier caso, ha defendido que «nadie se ha enriquecido» con la gestión para acoger a menores.

Es más, ha defendido que tener una prórroga de un servicio sin cobertura jurídica «no es una ganga para las entidades, sino que las pone en dificultades financieras. Pero la comida se tiene que poner en la mesa». Aunque, eso sí, ha admitido que hizo «muchas» y que se trataba, efectivamente, de una «incidencia».

Josep Ginesta

Y de incidencias también ha hablado otro ex secretario general de Trabajo, Josep Ginesta. En concreto, de «incidencias administrativas» en la contratación y adjudicación del servicio de acogida de menores entre 2016 y 2020. Aunque ha negado que hubiera «irregularidades», entre otras cosas, porque los procedimientos que se utilizaron estaban supervisados por el Govern y habían sido «avalados jurídicamente», porque lo que se iban regularizando para «normalizar progresivamente la situación».

Y Ginesta, de ERC, ha aprovechado la ocasión para cargar contra Junts, que presidía incluso algunos de los ejecutivos en la época en la que supuestamente se cometieron estas irregularidades. Ha recordado que Puigdemont «avaló la acogida y el uso de los instrumentos. Torra avaló la acogida y fue una decisión política. Los órganos de gestión gestionamos las miserias», ha lamentado.

Ricard Calvo

Y el exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo, que ocupó el cargo de enero de 2016 a agosto de 2017, ha denunciado una campaña de persecución contra su persona, al conocerse que habría adjudicado contratos por valor de unos 100 millones de euros a entidades con las que había trabajado. Él ha asegurado que no había ningún «conflicto de intereses».

Y no solo eso, ha tirado del comodín de la persecución al independentismo: «en un contexto de aplicación del 155, de persecución del independentismo y de búsqueda de cualquier argumento para ir en contra de los responsables políticos de aquel momento, se constata que después de dos años en que la fiscalía busca y rebusca, determina que no hay ninguna irregularidad en este sentido».

Y, como los demás, ha defendido que se usaran esos procedimientos en la contratación porque tenían «amparo legal», porque la situación era de «emergencia» y también de «desbordamiento».