La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, en el Parlament

La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, en el ParlamentDavid Zorrakino / Europa Press

Cataluña

El gobierno catalán prevé que «un algoritmo» controle las prestaciones a los exmenores tutelados

«Cuando el programa detecte que esa persona ya recibe un sueldo digno, automáticamente se le retirará la ayuda», adelanta Martínez Bravo

El escándalo de la menor tutelada violada por una red de pederastas en Barcelona ha acelerado la reforma de la atención a la infancia y la adolescencia en Cataluña, que de un tiempo a esta parte está en el punto de mira por un reguero de irregularidades económicas y casos de presunta corrupción.

Este lunes, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, daba más detalles de la «transformación integral y profunda» de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), empezando por un cambio de nombre. La Generalitat anunciaba ayer la creación de un nuevo organismo, llamado Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), centrada en la prevención y la protección de los jóvenes.

Entre las competencias de esta nueva dirección general no estará ni la contratación de plazas residenciales ni el reparto de prestaciones a jóvenes tutelados y extutelados. Este martes, Martínez Bravo ha explicado en dos entrevistas –en La Vanguardia y en la SER– que su intención es que esta segunda tarea se automatice en un futuro. «La gestión de las prestaciones la puede hacer un algoritmo», ha dicho en el diario del grupo Godó.

En la entrevista radiofónica, Martínez Bravo ha defendido que la asignación de prestaciones, que hasta ahora se encontraba externalizada y quedaba fuera del control directo de la Generalitat, «las tiene que hacer un funcionario y que en un futuro debería ser una gestión automatizada, un algoritmo». Y añade: «Cuando el programa detecte que esa persona ya ha encontrado trabajo y reciba un sueldo digno, automáticamente se le retirará la ayuda».

Dificultar nuevas violaciones

En La Vanguardia, la titular de Derechos Sociales también ha asegurado que, con los cambios previstos en la DGAIA –que se prevé que se pongan en marcha entre 2026 y 2027, ha adelantado– «será más difícil que casos como este vuelvan a suceder», en referencia a la niña violada, y ha adelantado una «nueva colaboración con los Mossos d’Esquadra» para ser «más proactivos en las redes sociales para poder identificar a potenciales depredadores».

Con todo, también ha recordado que «el sistema no es infalible». «Tenemos constancia de que desgraciadamente hay muchos menores tutelados que, en algún momento de su vida, han sufrido abusos sexuales, pero la inmensa mayoría los han padecido en la etapa anterior a la tutela», ha dicho.

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