Objetos encontrados por los Mossos d'Esquadra en el piso del electricista pederasta
Los escándalos de pederastia y abusos en centros de menores salpican al nacionalismo y al PSOE
Desde el caso de las menores tuteladas de Mallorca a las que se prostituía hasta el caso de abuso sexual por parte del exmarido de Mónica Oltra, el nacionalismo y el PSOE ha protagonizado los escándalos sexuales en centros de menores más polémicos
La Generalitat catalana liderada por el socialista Salvador Illa, y en concreto su Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), está en el punto de mira después de que se destapase las constantes violaciones a una niña de 12 años en un centro de menores de la región.
El caso, conocido como el 'Pelicot' catalán, ha puesto al Ejecutivo catalán entre las cuerdas, ya que la tragedia se podría haber evitado si no fuera por los numerosos fallos en la tutela a menores detectados en la DGAIA. Estos errores no radican únicamente en las lacras en torno a la protección de los menores, sino que esta entidad pública se encuentra también cercada por la concesión de contratos millonarios a fundaciones afines.
En concreto, y según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, la Fundación Resilis, una de las implicadas en el caso, ha recibido desde el año 2021 un total de 4.937.825,22 euros en subvenciones sin contraprestación de la mano de la Generalitat de Cataluña y del Estado español. Desglosando, el Ejecutivo catalán ha regado esta entidad con un total de 2.003.501,87 euros, mientras que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez le ha dado 2.934.323,35 euros.
A pesar de ser un problema heredado del anterior Ejecutivo de Pere Aragonès, cuando ejercía la presidencia en funciones, la oposición ha afeado a Illa que se haya reaccionado «tarde y mal», en palabras de la diputada de Vox, María García Fuster.
Este es tan solo un caso de tantos en relación con los abusos sexuales en centros de menores que evidencian la inacción y las numerosas deficiencias de los gobiernos nacionalistas y del PSOE.
Las menores tuteladas de Baleares
Durante la Nochebuena del año 2019, media docena de jóvenes violó a una niña de 13 años en Palma de Mallorca. Esta denuncia destapó una red de prostitución cuyas víctimas eran menores tuteladas por el Gobierno balear, en ese momento liderado por la socialista y presidenta del Congreso, Francina Armengol, en coalición con Podemos y Més per Mallorca. Los propios menores del centro eran los que ejercían como proxenetas de las niñas, a quienes obligaban a prostituirse por la calle, mientras estaban bajo el amparo del Consejo Insular de Mallorca, regido por la misma coalición que el Ejecutivo.
La polémica surgió en el momento en el que el Gobierno de Armengol se negó a impulsar una comisión de investigación, decisión replicada por el Consell Insular de Mallorca, institución que ostenta las competencias directas en tutela de menores y que también optó por crear únicamente una comisión de expertos.
Francina Armengol, cuando ostentaba el cargo de presidenta de Baleares
Uno de los factores más escandalosos de este caso es que los indicios de prostitución, consumo de drogas y relaciones con adultos en situación de riesgo eran conocidos por muchos trabajadores sociales, pero no se actuó con la contundencia debida. Asimismo, informes internos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ya advertían desde años antes del riesgo de explotación sexual y abandono institucional. Sin embargo, ni el Consejo Insular ni el Gobierno balear intervinieron de forma eficaz. No se reforzaron los protocolos de protección ni se activaron mecanismos de emergencia. Tampoco se destinaron los recursos necesarios para garantizar la seguridad en los centros de acogida.
El caso del exmarido de Mónica Oltra
En junio del año 2022, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió una investigación contra el exmarido de Mónica Oltra, exvicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, acusado de abusos sexuales a una menor que estaba bajo tutela de la Generalitat Valenciana, ejecutivo en ese momento liderado por la coalición PSPV-PSOE, Podemos y Compromís, formación a la que pertenecía Oltra.
La víctima presentó la denuncia en mayo de 2022, en la que señaló que los abusos tuvieron lugar durante su estancia en un centro tutelado por la Consejería de Igualdad, dirigida entonces por la propia Oltra. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, y a pesar de que la Consejería tuvo conocimiento de indicios, no trasladó de forma inmediata el caso a la Fiscalía ni al juzgado.
Asimismo, durante semanas el gobierno vicepresidido por Oltra eludió dar explicaciones sobre el escándalo y sobre las medidas que tomó el Ejecutivo valenciano cuando los abusos a la menor salieron a la luz. Fue solo tras la presión de los medios de comunicación de la propia oposición cuando la Generalitat ofreció explicaciones públicas en septiembre de 2022.
En entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tampoco quedó exento de polémica, ya que a pesar de las evidencias que apuntaban directamente a una gestión partidista del caso por parte de Mónica Oltra, el líder socialista la mantuvo en el cargo durante semanas. El 21 de junio de 2022, Oltra dimitió, alegando como motivo «no poner en peligro el gobierno progresista», aunque mantuvo su inocencia y acusó a la derecha de orquestar una persecución política.
