La 'cara B' de la protección de menores en Cataluña: corrupción, desvío de fondos y redes de pederastia

En los últimos días, muchas son las voces que apuestan por una reestructuración total de la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. La gota que ha colmado el vaso ha sido el caso de la niña de 12 años, bajo tutela de la propia administración, pero que fue violada en reiteradas ocasiones y ofrecida en aplicaciones de citas como parte de una red de pederastia. Y no se trata de un caso aislado, aseguran los que conocen la DGAIA.

Pero detrás de este organismo también está la sombra de las irregularidades. La Oficina Antifraude ha abierto una investigación al considerar que son veraces las pruebas aportadas por un educador social (testigo protegido), que cuenta con grabaciones, y que demostrarían que se habría desviado fondos públicos hacia entidades y fundaciones privadas con los que la Generalitat trabajaba. «Fundaciones de amiguetes con carné de partido para gestionar centros de acogida y de menores tutelados», en palabras de la diputada de Vox, María Elisa García Fuster.

La diputada ha puesto el ejemplo de Plataforma Educativa, que engloba a una decena de asociaciones y fundaciones, y que recibió unos 300 millones de euros entre 2016 y 2023, «la mayoría en contratos de emergencia para evitar el control parlamentario». ¿Y a qué se destinaban estos recursos? A montar «sus propias inmobiliarias, haciéndose con un parque de viviendas enorme a costa de la Generalitat».

Según apunta una información de octubre, estamos hablando de la compra de 500 viviendas que, posteriormente, «alquilaba la propia Generalitat para acoger a menas y ex menas y les cobraba un precio muy por encima del de mercado», según explica García Fuster.

Pero las irregularidades no se acaban ahí. También se ha conocido que estas entidades que gestionaban los centros de acogida y las ayudas de los jóvenes tutelados, las seguían cobrando incluso cuando no cumplían los requisitos para continuar recibiéndolas porque estos chicos se encontraban en prisión, porque residían en otra comunidad autónoma, estaban trabajando o eran mayores de 23 años. Pero nadie informaba a la administración de esta situación. Y esta es precisamente una de las cuestiones que denuncia ese testigo protegido por la Oficina Antifraude.

La DGAIA, en manos de ERC

Y muchos responsables de la DGAIA formaban parte o tenían vínculos, a su vez, con esas empresas y fundaciones con las que trabajaba el organismo público, lo que supone un conflicto de intereses, por un lado, y que no hubiera ningún tipo de control sobre estos movimientos. Ahí está el caso de Ricard Calvo, que estuvo al frente de este organismo desde enero de 2016 hasta agosto de 2017.

Pero antes de dejar el cargo, ya se aseguró adjudicaciones a fundaciones Como Fasi, Resilis y Gentis, que forman parte de Plataforma Educativa, y en las que él había desempeñado distintas responsabilidades. Las regó con unos 83 millones de euros para volver luego volver a trabajar en Plataforma Educativa.

Calvo tenía carné de ERC, como la exalcaldesa de Canet, Blanca Arbell, que facturaba hasta 8.000 euros al día por acoger 50 menas tutelados por la DGAIA(a razón de 155 euros diarios por cada menor) en la casa de colonias propiedad de su familia, Can Brugarola. Estamos hablando de casi tres millones de euros al año. El caso se acabó destapando porque en esa casa se alojaba un menor que agredió sexualmente a una niña. Estos hechos ocurrieron en junio de 2019.

El Partido Popular censuró el secretismo con el que se movía el gobierno municipal, controlado por ERC. Se les pidió el expediente de contratación del servicio, pero se negó a enseñarlo. Y no solo a la oposición, sino también a los que eran sus socios de gobierno.

Y era precisamente ERC la formación que controlaba la consejería de la que dependía la DGAIA. Y estos hechos, presuntamente, se produjeron durante los gobiernos de Carles Puigdemont y de Quim Torra, pero la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales la gestionaban Dolors Bassa y Chakir El Homrani, ambos de Esquerra Republicana. Ahora, los grupos parlamentarios de PSC, de ERC y los Comunes han pactado crear una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 hasta la actualidad.

Pero la diputada de Vox, María Elisa García Fuster, ha denunciado que todos estos partidos conocían esta situación, pero decidieron «taparla». Un caso ha añadido, que «no es solo mala praxis, sino falta de ética. Estamos ante un sistema estructural de puertas giratorias, de clientelismo institucional y de absoluta opacidad». Pero hasta hace bien poco, recuerda, la consejera responsable, Mónica Martínez Bravo, del PSC, «evitó respondernos».

Y no solo eso, sino que cualquier intento de fiscalizar a la DGAIA en el Parlament «era sistemáticamente bloqueado por PSC, Junts, ERC y Comunes». García Fuster explica que se han frenado comisiones, se han bloqueado iniciativas parlamentarias y evitado comparecencias y «han extendido una cortina de silencio mediático que solo se puede explicar por miedo o por connivencia». Hasta ahora, que es cuando el escándalo ha provocado un terremoto de grandes dimensiones y la consejera promete «llegar hasta el final».

Y luego está el debate en torno a la falta de control y de vigilancia de los menores que estaban a cargo de la DGAIA. La niña de 12 años, usada prácticamente como mercancía por la red de pederastas descubierta por los Mossos, entraba y salía del centro de menores en el que residía, sin que nadie se diera cuenta. En ocasiones estaba durante días fuera de esa centro. Y eso es lo que no se acaba de comprender, por qué no se detectó antes. Por todo ello, María Elisa García Fuster concluye que «a todas estas fundaciones y a la administración resulta que los menores que tenían que proteger les daba igual».