La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante un juicio
Independentismo catalán
La fiscal dice que Borràs fraccionaba contratos y critica que descargue responsabilidades en sus subordinados
Mantiene la petición de seis años de prisión para la expresidenta del Parlament, y 21 de inhabilitación
La fiscal Teresa Duerto ha sido muy dura con la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, en su informe de conclusiones finales en el juicio que se ha celebrado en el TSJC. Ha dado total credibilidad a los diferentes testigos que han pasado durante el juicio y que han apuntado directamente a la responsabilidad de Borràs a la hora de adjudicar los contratos en la Institució de les Lletres Catalanes. Entre otra cosas, dice la fiscal, siempre han mantenido «la misma versión». También ha dejado claro que Borràs era consciente de que el proceso se estaba llevando a cabo de forma «arbitraria» y ha censurado que la líder de Junts intente trasladar responsabilidades a sus trabajadores.
La fiscal ha recordado que la investigación de este caso llegó a los agentes de una «forma casual», por una equivocación, «por un error en un apartado de correos» cuando una mujer recibió un paquete que tenía como destinatario a otro de los acusados, Isaías Herrero, y que contenía dinero falsificado. Eso puso en alerta a los agentes que pidieron intervenir el teléfono de Herrero, y se cazó otra conversación en la que explicaba que con «la jefa» (Borràs) facturaba unos «trapis» en la Institució, y que para ello debía presentar varios presupuestos. También mostraba su temor a que pudiera haber un cambio en la dirección de la ILC.
Teresa Duerto también ha cargado contra Borràs por descargar responsabilidades hacia sus subordinados. Ha recordado que ella se presentó como experta en literatura digital «y se encargaba de todo», también de los contenidos de los portales web. Además, y en calidad de directora de la Institució, coordinaba y supervisaba todos los trabajos, y decidía su distribución «no los trabajadores de la ILC», ha recordado la fiscal, quien también ha apuntado que recibía a menudo correos no por la vía oficial, por el correo oficial, sino a su cuenta de Gmail, lo que no gustaba a Assumpta Pagèspetit, que entonces era la administradora jefe de la entidad.
No hizo caso de sus subordinados
Unos trabajadores, ha dicho la fiscal, que le advirtieron en reiteradas ocasiones para que cambiara el procedimiento pero Borràs «les dio largas». «Lo que no puede hacer es descargar su responsabilidad en subordinados. No puede alegar ignorancia deliberada», ha dejado claro la fiscal, quien ha apuntado que quizás, si la ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción hubiera estado en vigor, algún subordinado de la entidad, que ven que su superior jerárquico infringe la normativa administrativa, se hubiera sentido apoyado», han justificado.
La fiscal también ha calificado de «esenciales» las declaraciones de Isaías Herrero y de Andreu Pujol, con quienes la fiscalía ha pactado una rebaja de penas a cambio de su confesión. Duerto ha recordado que el informático, Herrero, admitió que trabajaba de forma continuada para la ILC y para un proyecto concreto. Y que gracias a su declaración, teniendo en cuenta que ha desaparecido la web de la Institució, se ha podido establecer tres grandes unidades funcionales: el portal de la Institució , el portal «Què llegeixes» y las webs de los años literarios Llull y Vinyoli.
Duerto, en su informe final, también ha defendido que en ningún caso se rompió la cadena de custodia de las pruebas, de los e-mails que se obtuvieron del ordenador de Isaías Herrero. Y considera que ha quedado «completamente desacreditado» el informe presentado pro los peritos de la defensa de Borràs porque contenía «lagunas».
La fiscalía mantiene para la presidenta de Junts una petición de seis años de prisión y 21 de inhabilitación y una multa de 144 mil euros por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. A los otros dos acusados, ha rebajado la petición de penas porque han confesado y lo tiene en cuenta como una atenuante. Para Herrero pide dos años de prisión y seis años y cuatro meses de inhabilitación, mientras que para Pujol reclama un año y dos meses de prisión y cuatro años y tres meses de inhabilitación.
Comentarios
