Dolores y el problema de los inquilinos que se convierten en okupas: «Que me devuelvan lo que es mío»

«Yo ya no puedo más». Es una frase que repite una y otra vez Dolores, de 71 años, a la que sus inquilinos no le pagan el alquiler de dos de sus viviendas. En concreto, una que posee en Terrassa (Barcelona) y otra que perteneció a su hijo, y en la que ella consta como usufructuaria en Comarruga (Tarragona). Y es que a Dolores le pesa esta situación, pero también su historia familiar. Su hija murió con 24 años en un accidente de tráfico; su hijo también falleció a los 44 años de un infarto, y su marido, después de «cuatro años muy malito a raíz de un ictus», nos explica.

Dolores arrastra un problema familiar, pero también económico. Ella se ha hecho cargo de sus cinco nietos, con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. Dos de ellos viven en Mallorca, con su madre, «que también se ha puesto enferma y yo les tengo que pasar dinero para que coman y puedan ir tirando»; y los otros tres, son del único hijo que aún le queda. En este caso, la pareja está separada, «tenían custodia compartida, pero la madre no se hace cargo, se desentendió. Y a los niños, en definitiva, los tengo yo», explica Dolores. Y de su hija fallecida arrastra también un préstamo que tiene que ir pagando.

«El problema es que no me llega para todo. Necesito el alquiler de esas propiedades». Alquiler que no le pagan. En el caso de su vivienda de Terrassa, desde hace nueve años. Dolores ha explicado a El Debate, que la pareja que sigue viviendo en el piso «me vinieron llorando, yo no tenía cabeza para nada porque acababa de enterrar a mi hijo hacía una semana e hicimos el contrato». Sólo le pagaron un año de alquiler y a «trancas y barrancas. Desde entonces, nueve años sin pagar llevan ya». Denunció el caso, pero «a veces han sido ellos, otras mi abogado, pero no se han presentado a juicio. Yo es que no entiendo mucho de estas cosas, ¿eh?» se lamenta Dolores.

Ella nos comenta que ha ido al Ayuntamiento de Terrassa para que la orienten, pero según dice, la respuesta ha sido: «nosotros estamos para ayudar, no para echar a nadie». En este piso viven un matrimonio con tres niños. Según Dolores, él «ha trabajado desde siempre en negro, y ella se ha quedado en caso cuidando de sus hijos».

Un inquilino le pidió dinero

Pero la vivienda de Terrassa, no es su única preocupación, porque también tiene ocupada de forma ilegal una casa que su hijo fallecido tenía en Comarruga (Tarragona), y de la que ella es usufructuaria. En este caso, y según Dolores, sí se celebró un juicio y le dieron la razón. Los inquilinos tenían que abandonar la vivienda. Entonces, precisa, «ellos recurrieron, murió mi marido y yo caí enferma. También mi abogado. Pasó un año, y cuando fuimos a ver cómo estaba la situación, me dijo el inquilino que le diéramos dinero, un 20% o algo así, que se quería comprar una casa y así podía dar la entrada. Eran unos 15.000 euros. Y entonces, se iban. Yo le dije: mira, yo de esto no entiendo nada, te paso a mi abogado». Pero también continúan en la casa y sin pagar nada.

«Y ya no puedo más», insiste Dolores, «con la edad que tengo, como estoy. Y a mi hija la avalé y tengo un préstamo muy grande, tengo que pagar impuestos, mantener a mis nietos, no me ayuda nadie, y como soy tan débil, no llego», se lamenta. Dolores también dice que tiene «miedo», «pánico», a que okupas entren en la casa en la que vive con su hijo y sus nietos en Terrassa, y que es de su propiedad. «¿Qué es lo que está pasando en este país?», se pregunta. «Esto que hay ahora jamás en la vida lo había visto».

Lo cierto, y según nos cuentan algunos conocidos de Dolores, tampoco ha tenido suerte con sus abogados. Uno, porque efectivamente enfermó. Y otro, porque cobró una parte de sus honorarios «y literalmente desapareció», nos explica otro vecino. Y ahora, la mujer no se acaba de fiar de nadie, de ningún abogado, y, además, «está sola y nadie la orienta».

Dolores dice que sólo quiere «recuperar mis viviendas y que dios me encamine. Eso, y pagar lo que debo». Deja claro que, si «esa gente verdaderamente necesita una vivienda, que sea el gobierno el que se la dé, pero que no sea de una persona que se la ha ganado honradamente». Y es que Dolores recuerda que «esa casa la construimos mi marido y yo, trabajando de lunes a domingo. Él ponía los tochos y yo hacía el mortero». «Es todo tan indignante», resume Dolores.

Hay que tener en cuenta que Cataluña lidera el ranking de ocupaciones ilegales en España. Según datos del ministerio del Interior, concentra el 42 % de estas okupaciones. Del total de casos registrados en esta comunidad autónoma el año pasado, la mayor parte se dieron en la provincia de Barcelona, que en los primeros once meses del año registró 4.875 viviendas ocupadas, la mayoría en Barcelona y su área metropolitana. Muy por debajo, en segunda posición, se encontraba la Comunidad de Madrid con 1.406 ocupaciones ilegales de inmuebles.