Jaume Collboni, acompañado de María Eugenia Gay (i) y Laia Bonet (d)
Cataluña
La Generalitat se mete en un lío con el uso de piscinas privadas como «refugios climáticos»
Ayuntamientos y comunidades de propietarios aseguran que la norma de la Generalitat genera inseguridad jurídica
«Inviable», «hecho con muchas prisas» o «sin garantías jurídicas». Son algunas de las valoraciones que hacen ayuntamientos y también administradores de fincas sobre el decreto aprobado por la Generalitat, que permite que se abran piscinas públicas y privadas que los ayuntamientos declaren como refugios climáticos. Se entiende con piscinas privadas, las de hoteles, campings o incluso de comunidades de propietarios.
Tal ha sido el alud de críticas, que el gobierno catalán ha tenido que salir al paso asegurando que el objetivo no es que los hoteles puedan abrir sus piscinas este verano y superar, de este modo, la temporada turística; sino que de lo que se trata es de que los ciudadanos puedan disfrutar de este tipo de equipamientos en aquellos municipios que no tienen piscinas públicas. Es decir, piensa sobre todo la Generalitat en los municipios de interior, porque en los de costa, asegura, sería una «irresponsabilidad» que se declararan refugios climáticos las piscinas de los hoteles o de las comunidades de propietarios, en palabras del consejero de Acción Climática, David Mascort.
La postura de los ayuntamientos
Lo que sí está claro es que una vez tomada esa decisión, la Generalitat pasa la patata caliente a los ayuntamientos, que serán los responsables de esa gestión, de decidir qué instalaciones serán refugios climáticos para incluirlas en un censo. Consistorios como el de Barcelona han anunciado que la red de refugios de la ciudad será «suficiente» con la incorporación del medio centenar de piscinas municipales. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha asegurado que las «necesidades» de la ciudadanía ya quedarán «perfectamente cubiertas» con esto, y que «trabajaremos en lo que somos competentes, que son las piscinas públicas».
Bonet ha sido crítica con el Govern por esta y las últimas medidas tomadas con relación a la gestión de la sequía, y que considera son fruto de la «improvisación». «Pasamos de un escenario en que era un problema llenar las piscinas, a otro en que se puede llenar todas si son de uso público», ha lamentado la teniente de alcalde de Barcelona, que ha criticado que el ejecutivo «traslade la responsabilidad» a los ayuntamientos y sin dotarlos de recursos.
También han sido muy críticos con la decisión los municipios que forman parte del Arco Metropolitano, como Sabadell, Terrassa o Mataró. De entrada, consideran que el decreto ha llegado «tarde» y de una forma «desafortunada en la forma y en el fondo». Y consideran que no deben ser los ayuntamientos lo que tengan que asumir el control de uso de las piscinas privadas, porque les traslada la presión a ellos, pero también a los propietarios de estas instalaciones.
Creen, desde estos consistorios, que traslada la responsabilidad de autorización de abrir piscinas privadas a los ayuntamientos con «poca claridad y seguridad jurídica». Una decisión que, en cualquier caso, consideran «sorprendente» porque «las pone en el mismo saco (las piscinas privadas) que las públicas», cuando los municipios no lo habían pedido. De ahí que consideren «ingestionable» ese decreto, porque las piscinas «tienen que cumplir normativas y controles rigurosos a los que hay que sumar aspectos relacionados con la seguridad y la responsabilidad civil».
Máxima complejidad, para los administradores de fincas
Y en este punto también coinciden con los administradores de fincas. Consideran estos profesionales que «la complejidad y la dificultad es máxima» a la hora de aplicar ese decreto. De esta opinión es el secretario general del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida, Alberto Izquierdo, quien cree que «es imposible gestionar eso sin ocasionar un perjuicio grave para la comunidad y los usuarios».
De entrada, asegura que sería el ayuntamiento el que tendría que declarar como refugio climático las instalaciones que considere oportunas. No habría problemas, dice, con las públicas, pero en el caso de las que son de uso privado, como las que pertenecen a las comunidades de propietarios, «sería necesario realizar un convenio». E Izquierdo no ve tan claro que con tan poco tiempo se pueda organizar todo con las debidas garantías.
Y a todo esto hay que añadir otras cuestiones a tener en cuenta, como el aforo, el acceso, el horario de uso de la piscina o la presencia de socorristas. El secretario general del CAFBIL se pregunta cómo se puede gestionar todo esto, y en qué condiciones, es decir, si puede entrar cualquier persona, también la de otro municipio; si es necesario una lista de espera; o si habrá coste para esos usuarios, es decir, si deberán pagar una entrada.
Costes, que, desde luego, asegura Izquierdo, van a aumentar para la comunidad de propietarios, porque el mantenimiento y conservación en una piscina están calculados en función de un presupuesto anual que hace la comunidad, teniendo en cuenta el uso habitual. Y habría que recalcularlo en caso de que otras personas ajenas sean usuarios. Y, por lo tanto, estos últimos tendrían que contribuir.
A eso hay que añadir el tema seguros. «Si la Comunidad se convierte en un acceso público, entonces es muy probable que se deba redimensionar el seguro y hacer una cobertura nueva singular. Un trastorno grande», ha apuntado Alberto Izquierdo. En cualquier caso, cree que lo que no puede hacer el Ayuntamiento es «obligar o imponer» a una comunidad de propietarios que su piscina sea refugio climático y que deba permitir el acceso a terceros.
Y en lo que también coinciden municipios y administradores de fincas es que detrás de la decisión de la Generalitat hay una «estrategia electoralista» que no tiene en cuenta al colectivo que deberá aplicarlo. Y, en concreto, el Colegio de Administradores de Fincas de Gerona considera que el Govern «está criminalizando a la propiedad privada y al turismo». Por este motivo piden que escuchen las peticiones que hacen desde el sector de las administraciones de fincas en la gestión de comunidades y de patrimonios antes de tomar decisiones y legislar.
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