Illa compra 743 viviendas al fondo Divarian con el objetivo de llegar a las 50.000 en 2030

La Generalitat ha comprado, por la vía del derecho de tanteo y retracto, 743 viviendas, todas ellas ocupadas por inquilinos vulnerables, al fondo Divarian. Lo que persigue el Govern es ampliar el parque público de vivienda. Son pisos que están distribuidos por toda Cataluña, pero más de la mitad se encuentran en Barcelona y su área metropolitana.

La operación ha costado 72 millones de euros y forma parte del plan del gobierno de Salvador Illa para conseguir 50.000 viviendas públicas hasta el 2030. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que es «la mayor compra» hecha por el Departamento que dirige.

Ha destacado que se cubre, de esta forma, la mitad de la demanda del programa Reallotgem («Realojemos»), que garantiza el pago del alquiler a familias que han pasado por procesos de desahucio por imago.

Hasta ahora, la Generalitat ponía la diferencia entre el alquiler del precio del mercado, porque pagaba el importe al fondo y después cobraba el alquiler social al inquilino, que venía determinado en función de sus ingresos.

Según Paneque, no solo la Generalitat se ahorrará seis millones de euros anuales con esta operación, sino que «da tranquilidad» y es una «medida de protección» para los inquilinos y las familias que están viviendo en esos pisos, teniendo en cuenta que pasará a ser de titularidad pública.

A partir de ahora, la Agencia Catalana de la Vivienda se hará cargo de la gestión de estos pisos y también cobrará el alquiler a sus ocupantes. El Govern ha dejado claro que no variará la mensualidad, porque ya pagaban alquileres sociales proporcionales a la capacidad de cada familia.

Y es que una de las prioridades del gobierno catalán es ampliar el parque de vivienda pública. De ahí ese plan para conseguir 50.000 viviendas públicas hasta 2030. Un objetivo que la oposición ve muy difícil que se pueda cumplir, teniendo en cuenta que, este año, el Govern tiene los presupuestos prorrogados.

«No ha puesto ni un ladrillo»

Y, en este sentido, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, recordaba recientemente a Illa, en una sesión de control en el Parlament, que en seis meses «no ha puesto ni un ladrillo», por lo que le parecía imposible que pudiera construir 50.000 viviendas públicas en 48 meses. «Los números no me salen», resumía Fernández.

Pero le reprochaba que lo único que había hecho en este ámbito es comprar 450 viviendas a un banco en medio año, lo que ponía en contradicción con «su discurso hipócrita y populista» sobre los grandes tenedores. Y ahora Illa ha vuelto a repetir la operación con un fondo.