Vuelve el lío con el Hard Rock: el Govern y ERC niegan esconder informes sobre este proyecto

La Generalitat asegura que no «esconde» informes sobre el Hard Rock a los grupos parlamentarios. Es lo que ha asegurado su portavoz, la también consejera de Territorio, Sílvia Paneque, después de que la CUP haya hecho público un informe del 2023 en el que se dejaba claro que se podía paralizar ese proyecto «sin consecuencias económicas». Sin embargo, el informe completo sí que recoge un anexo en el que se contemplan indemnizaciones de hasta 50 millones de euros para los promotores si es que finalmente no se lleva a cabo.

El informe completo tiene 60 páginas más que el que está en poder de los antisistema. Y según recoge el diario «El País», hace una estimación por daño emergente y lucro cesante, en el que se calcula el coste de la responsabilidad patrimonial entre los 37,4 y los 50 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el Parlament, con los votos de PSC, ERC y Comunes, validó una proposición de ley para eliminar los privilegios fiscales al juego y, por lo tanto, complicar la llegada del Hard Rock, el centro recreativo turístico de Vila-seca y Salou. La idea es incrementar el tipo impositivo del 10 al 54%.

Pues bien, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque ha defendido que se ha facilitado a los grupos «estrictamente la información que se había pedido» y, por lo tanto, ha negado que se estuvieran escondiendo nada, si bien es cierto que no se ha pronunciado sobre el fondo, si habrá esas indemnizaciones. Se ha limitado a asegurar que no sería «ni prudente ni riguroso» que el ejecutivo hiciera valoraciones «y futuribles que no han sucedido».

En este sentido, ha asegurado que la Generalitat está centrada «en lo que tiene que hacer», que es «cumplir los acuerdos». Y precisamente, el pacto con ERC y Comunes incluía revertir esos beneficios fiscales para el juego. Por lo demás, ha explicado que la voluntad del Govern es seguir trabajando el plan director urbanístico del proyecto, porque «las cosas tienen que seguir su camino, uno detrás de otro». Aunque ha pasado la patata caliente a los promotores, que tendrán que decidir, ha asegurado, si les interesa continuar con el proyecto, aunque hayan cambiado las condiciones fiscales.

También desde ERC niegan la mayor. Su portavoz parlamentario, Ester Capella, niega que la formación o el Gobierno de Pere Aragonès haya escondido informes, y ha defendido que los ejecutivos tienen que ser «prudentes» y elaborar estudios para conocer las consecuencias de las decisiones que toman. También ha defendido que en ninguna reunión del Consejo Ejecutivo, ni en cualquier otro encuentro en el que ella estuviera presente, se habló de algún informe que desautorizara al Incasol.