Lío por la reserva del 30% para vivienda pública: Barcelona asegura que no ha paralizado expedientes

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que no ha paralizado ningún expediente abierto a los constructores que incumplieron la reserva del 30% de pisos de una promoción, ya fuera nueva o una gran rehabilitación, para destinarlos a vivienda protegida. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha asegurado que todos los expedientes por esta cuestión «siguen vivos y con posibilidad de acabar con una sanción». ERC y los Comunes piden al alcalde, Jaume Collboni, que dé la cara y dé explicaciones «de forma urgente».

Según ha publicado el diario ARA, el consistorio ha decidido archivar las sanciones alegando «dudas jurídicas», algo que ha negado Laia Bonet, quien, eso sí, ha admitido que los expedientes caducaron y se archivaron administrativamente. Y ahora, asegura, se ha iniciado otra vía, la del procedimiento de «restitución», como paso previo para hacer «aflorar» incumplimientos, incoar un nuevo expediente sancionador a los promotores y poder imponer la sanción correspondiente.

La teniente de alcalde de Urbanismo ha precisado que se han detectado 9 casos de posibles incumplimientos de la normativa de la reserva del 30%. El anterior gobierno municipal, liderado por Ada Colau, decidió iniciar un proceso sancionador en cinco de estos casos sin la restitución de la legalidad urbanística, lo que, para Bonet, no ofrece «seguridad jurídica» al Ayuntamiento. De ahí que ahora se haya decidido actuar a la inversa. Se trataba en estos casos de obras para grandes rehabilitaciones que se habían tramitado con otro tipo de permiso.

Y en un caso, sí que se pudo constatar el incumplimiento y acabó en los tribunales. Una sentencia reciente ha dado la razón al consistorio. Y a partir de ahí, según Laia Bonet, se permite retomar el procedimiento sancionador e imponer la sanción que corresponde. En concreto, se trata de un edificio que se encuentra en la calle Castillejos.

Recordemos que esta medida nació de la mano de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en 2018 y ha resultado ser un fracaso, con las cifras en la mano. Desde entonces, por esta vía, solo se han conseguido 26 viviendas sociales que estén ya acabadas. Lejos quedan las previsiones del gobierno de los Comunes que habían previsto obtener unos 400 pisos cada año. Y es que esta medida lo que ha conseguido es, precisamente, frenar la construcción de viviendas nuevas en la capital catalana.

ERC y Comunes, críticos

ERC y Comunes, los socios prioritarios de Collboni, se han mostrado muy contundentes y piden explicaciones urgentes al alcalde de Barcelona. Janet Sanz, portavoz de Barcelona en Comú asegura que la teniente de alcalde «miente» porque esos expedientes no están vivos. Considera que el equipo de gobierno «nos está tomando el pelo», porque quiere hacer ver una cosa, cuando, en realidad, hay «una clara voluntad política para que el 30% no se aplique». Y lamenta que el alcalde está cambiando su criterio en esta cuestión, «por connivencia» con lo que ha calificado como «estrategia de la estafa». De hecho, cree que Collboni se está mostrando «servil» con el lobby inmobiliario.

Los republicanos, a su vez, consideran que este archivo de las multas «enmienda» en compromiso en materia de vivienda con el alcalde. La concejal Eva Baró considera, igual que Sanz, que lo que ha promovido el equipo de gobierno es «el no funcionamiento de la medida». Y recuerda que, con esta decisión, se han dejado de ingresar unos 3 millones de euros.

Por otro lado, el presidente del Grupo Municipal del PP, Daniel Sirera, ha dicho que cuando parecía que el Ayuntamiento volvía «al sentido común», al plantear la posibilidad de no aplicar esa normativa del 30%, la intervención de Laia Bonet «lo ha desmentido». En cualquier caso, considera que la media es una «chapuza jurídica» e «ineficaz», puesto que solo se han conseguido 26 viviendas, que es una cifra «aceptable» para una aldea, pero «ridícula» para Barcelona. Por este motivo, considera que lo hay que hacer es «acabar definitivamente con ella».