Pedro Sánchez junto a Salvador Illa este lunes en el Cercle d'Economia

Pedro Sánchez junto a Salvador Illa, en el Cercle d'EconomiaBorja Puig de la Bellacasa/ Moncloa

Cataluña

Impulso Ciudadano denuncia que Illa promueve un plan de «ingeniería social» para «marginar» al castellano

Consideran que el 'Pacte Nacional per la Llengua' responde a una «visión supremacista» del catalán

Este martes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, presidirá la firma del Pacte Nacional per la Llengua, una estrategia de fomento del catalán que cuenta con el respaldo del PSC, ERC, los Comunes –pero no de Junts ni la CUP– y varias entidades nacionalistas, como Plataforma per la Llengua u Òmnium Cultural. El pacto contempla una inversión de 255 millones de euros el primer año.

Para la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, no obstante, este documento no supone otra cosa que una «vuelta de tuerca» en la estrategia de «acoso a los derechos lingüísticos de millones de catalanes» que hablan castellano. Lamentan que Illa continúe en una «deriva excluyente» que, so pretexto de proteger el catalán «ha marginado sistemáticamente a los hispanohablantes».

«Este pacto no busca proteger la lengua catalana, sino imponerla», lamentan en un comunicado, en el que señalan que el informe que sustenta el pacto «es ideológico y profundamente sesgado» porque describe la convivencia de ambas lenguas «como una amenaza». «Es un plan de ingeniería social que busca modelar conciencias y suprimir identidades personales», insisten.

«Tintes xenófobos»

Desde Impulso Ciudadano denuncian que el Pacte Nacional per la Llengua es un «proyecto nacionalista» que fomenta una «visión supremacista» del catalán y que tiene «tintes xenófobos», ya que equipara el uso del castellano «con un problema demográfico, asociándolo a inmigración, pobreza o exclusión».

Frente a ello, la entidad constitucionalista propone un modelo educativo bilingüe, el respeto a los derechos lingüísticos, el fin de las multas por no rotular en catalán y que se instale la neutralidad institucional. También piden acabar con los «requisitos lingüísticos desproporcionados» para acceder a la función pública y más transparencia y control de las subvenciones destinadas a políticas lingüísticas.

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