Los Comunes cuelan la presión a los colegios católicos como condición para aprobar las cuentas de Illa

El gobierno catalán, liderado por el socialista Salvador Illa, ha anunciado este lunes un nuevo acuerdo con los Comunes –la marca de Sumar en Cataluña–, en el marco de las negociaciones para aprobar el tercer suplemento de crédito, de 469 millones de euros, que se votará este miércoles en el pleno del Parlament.

El pacto –según fuentes recogidas por Europa Press– contempla una batería de medidas, con un énfasis en el ámbito educativo. Así, se ha pactado destinar, por ejemplo, 37 millones de euros a reforzar las asignaturas de catalán, inglés y matemáticas en las escuelas. El objetivo es hacerlo «en colaboración con el mundo local» y con el compromiso de desplegar progresivamente hasta dos horas de refuerzo semanal.

También han acordado la recuperación «progresiva» de los comedores escolares en todos los centros de máxima complejidad de secundaria –se destinarán 5 millones entre septiembre y diciembre de 2025, y otros 15 en 2026–, así como el aumento de recursos a la «escuela inclusiva», aumentando en 209 personas la plantilla de docentes y en 352 la de personal de atención educativa (PAE) para el próximo curso, a los que se destinarán 22,7 millones de euros a lo largo del próximo curso escolar.

Presión a la escuela católica

Sin embargo, junto a estas medidas de apoyo a centros y alumnos, los Comunes también han incluido una de sus últimas obsesiones: la presión a los colegios concertados religiosos que no se pliegan a sus estándares laicistas.

Así se desprende de uno de los puntos del acuerdo suscrito con Illa, por el que se iniciarán los procedimientos para retirar el concierto educativo a los centros en que «se vulneren derechos fundamentales o difundan discursos de odio, contrarios a los valores democráticos y constitucionales».

Y no sólo eso: también se vetarán las reformas, las rehabilitaciones, las obras de mejora de distintos centros educativos o las redacciones de proyecto constructivo de los colegios que entren en esta categoría. Se trata de una formulación vaga, pero en realidad se refiere a casos como el de la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa (Barcelona), conocida como el Karmel y que ha copado titulares por la «radicalización religiosa alarmante» denunciada por un grupo de familias.

«Antes era escuela católica, catalana y progresista, y ahora es evangelizadora», lamentaba en El País una de las familias críticas con el giro impreso por la nueva dirección del centro desde 2022. Entre otros cambios, se ha pasado de una a dos horas de Religión a la semana y se lleva a los alumnos a rezar fuera de la hora dedicada a esta asignatura.

Que una escuela concertada que lleva el nombre de católica ejerza como tal es algo que los Comunes no parecen dispuestos a tolerar: fueron ellos quienes elevaron la cuestión al Parlament de Cataluña hace dos semanas, con una moción que instaba a retirar «de manera inmediata» el concierto a los centros educativos «que vulneren derechos fundamentales o difundan discursos de odio, contrarios a los valores democráticos y constitucionales», una redacción calcada a la del pacto suscrito ahora con Illa.

El acoso desde las más altas instituciones catalanas a este centro –y que sirve como aviso a casos futuros– se cuela así en los equilibrios de Salvador Illa por gobernar en minoría. Pese a que Illa asegura que su gobierno se fundamenta en el «humanismo cristiano», traga ahora este sapo para asegurarse los apoyos a la convalidación del tercer suplemento de crédito, tras haber amarrado también el «sí» de ERC.

Con los republicanos pactó a cambio de destinar 200 millones a rehabilitación de vivienda, crear nuevas plazas públicas de guardería y culminar la gratuidad de las etapas educativas de I0 e I1, entre otras medidas. Con los Comunes, además de lo dicho, también ha acordado inversiones en el Metro de Barcelona, la creación de nuevos Centros de Atención Primaria o poner en marcha una campaña institucional para dar a conocer a los inquilinos sus derechos y «como funciona la regulación de los precios del alquiler»,

De esta forma, el Govern habrá convalidado los tres suplementos de crédito con sus socios de investidura, que incorporan unos 3.938 millones de euros en total al presupuesto prorrogado de 2023 de la Generalitat.