Cataluña no ha podido estampar títulos oficiales de Bachillerato, FP y ESO desde la pandemia

Desde la pandemia no se han podido imprimir títulos de estudios no universitarios oficiales en Cataluña. Estamos hablando de títulos de ESO, Bachillerato o FP, lo que afecta a unos 600.000 estudiantes. Sí han recibido el resguardo que acredita su titulación, por lo que pueden matricularse sin problemas en otros estudios, siempre y cuando sean en centros de España.

En el caso del extranjero, el Departamento de Educación hace contratos menores que se tramitan por la vía de urgencia. El problema, según explican desde la consejería de Educación, está en «una tensión comercial entre empresas».

Esto es lo que le ocurrió a Cristina. Su hija ha terminado Bachillerato este curso y se presentó hace unos días en la secretaría del colegio para pagar la tasa correspondiente y pedir el título oficial, unos 70 euros. Los responsables del centro le dijeron que debía tener mucha paciencia, porque tenían archivados unos 500 expedientes de estudiantes cuyo título no habían recibido. Y algunos trámites se remontan a la pandemia, al 2020.

Es lo que nos explica Ivette. Su hijo justo ha terminado cuarto de ESO, pero la mayor, a la que solo le falta un año para acabar sus estudios universitarios, aún no ha recibido el título de Bachillerato. Y por supuesto que pagó. En un primer momento, le aseguraron que «lo habitual» es que tardara entre «uno y dos años». Pero llevan esperando el doble, y desde el centro les dicen que no saben cuándo podrán ir a recogerlo porque no tienen noticias de ello. Les piden que llamen a la consejería.

Y desde el Departamento de Educación reconocen a El Debate que «desde hace ya unos años», se está viendo afectado «por una situación de tensión comercial entre las empresas que optan a los contratos de personalización, impresión y distribución de títulos». Aseguran que estas han ido interponiendo recursos en las sucesivas licitaciones que se han hecho en los años 2021, 2022 y 2023, y también reconocen que «el Tribunal especial en materia de contrataciones ha tardado más de lo habitual en resolverlo».

En busca de soluciones

Y para salir del lío y poder avanzar en la impresión de títulos, el gobierno de Illa asegura que está trabajando en «una nueva licitación anticipada abierta y harmonizada» para este año. Aunque también están estudiando otras vías alternativas de solución. Eso sí, Educación deja claro que en ningún momento se han dejado de expedir títulos. El problema ha venido con la impresión. Y también precisan desde la consejería que a los alumnos se les han dado los resguardos, que son perfectamente válidos en territorio nacional.

El problema es cuando se quieren cursar estudios en el extranjero. En este caso, y dada la urgencia de la situación, porque estos alumnos tienen que acreditar su título oficial, se han hecho contratos menores, a menudo sin concurso, «para dar respuesta a estas necesidades».

Unas explicaciones que no convencen a Cristina y a Ivette, porque eso no sucede en otras comunidades autónomas, solo en Cataluña. Hay que tener en cuenta que la Generalitat consiguió la transferencia de expedir títulos no universitarios. Por lo tanto, nos dicen, una parte importante de responsabilidad también la tiene la administración y no solo las empresas. Lo cierto es que en 2020 acabó el último contrato ordinario para llevar a cabo esta tarea, y, desde entonces, la consejería no ha podido hacer uno nuevo, a pesar de que se han hecho varios intentos.

Las protagonistas de esta «tensión comercial» son la vasca Imprenta Universal y la madrileña Signe. Ambas se presentaron en 2020 al contrato para imprimir esos títulos oficiales. Lo ganó Imprenta Universal, pero la comisión evaluadora de la administración lo dejó en el aire porque no acreditó la suficiente «solvencia técnica». Básicamente, quiere decir que no reunía las medidas de seguridad que se exigían en el pliego de contratación, teniendo en cuenta que estos títulos oficiales se estampan en papel emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Ante este panorama se adjudicó a la segunda empresa, pero la decisión se recurrió ante el Tribunal Catalán de Contratación Pública y este decidió, posteriormente, volver a la decisión inicial. Pero para entonces, no se podía entregar el trabajo en el plazo establecido y se abrió un nuevo concurso. Y esta situación se ha repetido en los años sucesivos sin que, por lo pronto, haya una solución y los alumnos tendrán que esperar un poco más para recibir sus títulos oficiales.