La Comisión Europea advierte en el TJUE que la amnistía «no parece responder a un objetivo de interés general»

La Comisión Europea ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que «no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general», entre otras cuestiones, porque «forma parte de un acuerdo de investidura». Así lo ha asegurado el representante de la Comisión, Carlos Urraca, durante la vista que se ha celebrado esta mañana para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista, tanto del referéndum ilegal del 1 de octubre, como de la acción exterior de la Generalitat.

Urraca también ha reprochado al Gobierno que no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley «más clara y precisa» y un diálogo «más significativo», con tiempo, para conseguir una mayoría más amplia para aprobar la norma. De hecho, ha dejado claro que «hay dudas sobre el requisito que las disposiciones de la ley de amnistía sean claras y precisas».

Además del representante de los servicios jurídicos de la Comisión, han intervenido en la vista los abogados de la treintena de ex cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, a los que se les reclamas el dinero gastado en el procés, así como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Sociedad Civil Catalana, que es la entidad que llevó los gastos del 'procés' al Tribunal de Cuentas.

Sociedad Civil Catalana

Precisamente, los abogados de la entidad, Juan Chapapría y Diego Martínez, han explicado que si se avala la ley para los ex altos cargos de la Generalitat, se instaurará una «impunidad sistémica». Han recordado que el Congreso de los Diputados ya reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar la malversación y, más adelante, se aprobó la amnistía fruto de un «pacto político» entre el Gobierno y los partidos separatistas. En este punto, han recordado que el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue el que cerró el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont a cambio de la ley de amnistía.

De ahí también que hayan dejado claro que se trata de «una autoamnistía», teniendo en cuenta que 23 de los amnistiados han participado en la redacción y en el acuerdo sobre la ley. Y sobre el dinero en cuestión, los letrados han defendido que, aunque no se usaran fondos europeos para el proceso independentista, la UE tiene que intervenir porque afectan a los fondos de un estado miembro.

En cambio, la abogada del Estado ante la UE, Andrea Gavela, ha asegurado que éste es un debate «constitucional» que se tiene que abordar en España; también ha defendido que «en ningún caso la ley se puede calificar de autoamnistía»; y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la norma con el objetivo de «superar el conflicto político».

En la vista de esta mañana, el TJUE ha analizado las ocho preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con la legislación europea, para decidir si pide responsabilidades contables a una treintena de encausados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; ex consejeros y ex altos cargos del gobierno catalán. El TdC reclama para estos encausados cinco millones de euros por los gastos del 'procés'.