El PSC calla ante el escándalo por la corrupción del presidente de la Federación Catalana de Fútbol

La parálisis de la Generalitat bajo la batuta socialista en el caso de las presuntas irregularidades electorales de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) aviva las sospechas de un pacto de hierro que evita depurar responsabilidades. Hace años que la FCF es un polvorín por las graves acusaciones de fraude electoral que pesan sobre su presidente, Joan Soteras, y su equipo.

Estas no sólo han aterrizado en los tribunales, sino que han desnudado una incomprensible pasividad de la administración deportiva catalana, especialmente desde que el PSC tomó las riendas del departamento de Deportes. Una inacción que no solo alarma a los perjudicados, sino que siembra la duda sobre los intereses ocultos detrás de este mutismo.

De juzgado de guardia

Desde el pasado enero de 2024, las presuntas irregularidades en las últimas elecciones a la FCF, con Joan Soteras a la cabeza, son de dominio público y objeto de investigación judicial. La declaración de 88 dirigentes de clubes federados afirmando que les falsificaron la firma para poder emitir el voto y un informe de los Mossos d'Esquadra de más de 400 páginas respalda la contundencia de las pruebas acumuladas en el Juzgado.

Estas apuntan a posibles delitos de falsedad continuada en documento público y privado, y administración desleal. Soteras y el resto de los ocho investigados, por su parte, se han negado a declarar ante el juez, aumentando el cerco sobre su figura.

Uno de los grandes perjudicados por toda esta presunta trama es el candidato a la presidencia de la FCF, Juanjo Isern, quien impugnó el proceso electoral ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con la llegada del PSC, el abogado de la Generalitat se desdijo y solicitó nuevas elecciones.

Sin embargo, el Tribunal competente hizo lo que nadie esperaba. Esto es, dar por bueno el proceso electoral, cuando los Mossos d’Esquadra sospechan que se pudieron falsificar hasta 213 actas notariales, necesarias en determinados casos para poder votar, lo que supone más del 25% de los votos emitidos.

Alzan la voz

Ante la magnitud del escándalo, figuras como Oriol Camacho Martí, el secretario general de la FCF, o Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) y habitual azote de las irregularidades federativas, han instado a la administración a actuar con la celeridad que el caso requiere.

Fue el 3 de abril de 2024 cuando Camacho, en un escrito dirigido a la entonces consejera Laura Vilagrà (ERC), puso en conocimiento de la Generalitat la denuncia, solicitando la apertura de un expediente disciplinario ante el Tribunal Catalán del Deporte (TCE). La administración de ERC, con la Secretaria General del Deporte, Anna Caula, al frente, sí dio el paso.

Caula trasladó la denuncia al TCE, iniciando unas diligencias previas, aunque sin abrir formalmente un expediente. Miguel Galán, por su parte, hizo lo propio exigiendo la suspensión inmediata de Soteras y su equipo, también ante el TCE vía Consell Català de l'Esport.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente con la llegada de la nueva administración, ahora bajo el control del PSC, con Berni Álvarez como consejero de Deportes y Abel García como Secretario General del Deporte. Lejos de impulsar la acción, la respuesta del TCE, presidido por Joan Maria Xiol, ha sido la de mantener una «información reservada», excusándose en la existencia de investigaciones judiciales paralelas.

El Síndic de Greuges

Esta «información reservada» ha provocado la desesperación de los denunciantes y la intervención del Síndic de Greuges, el ‘defensor del pueblo’ catalán. La institución, en respuesta a la queja de Oriol Camacho, ha puesto el foco en la inacción del departamento de Deportes, que se escuda en la autonomía de funcionamiento del TCE.

El Síndic ha advertido con contundencia que la «información reservada» no interrumpe los plazos de prescripción de las infracciones. Con presuntas infracciones «muy graves» que prescriben a los tres años, el tiempo juega a favor de los denunciados.

También ha urgido al Govern a incoar de una vez un expediente disciplinario formal, aunque sea para suspenderlo provisionalmente a la espera de la resolución judicial, ya que solo así se paralizaría el reloj de la prescripción. La situación actual, prolongada durante más de 14 meses, amenaza con dejar impunes unas irregularidades que huelen a podrido en los despachos federativos.

¿Qué intereses mueven al PSC?

La pregunta que resuena con fuerza en los círculos del fútbol catalán es evidente: ¿Por qué esta tibieza, esta parálisis administrativa por parte del PSC? La falta de transparencia y la resistencia a activar los mecanismos disciplinarios, a diferencia de la actitud inicial de ERC, invitan a la especulación.

Desde algunos sectores se desliza la posibilidad de que existan intereses políticos en mantener el statu quo en la FCF. Esta, con su importante presupuesto y su capilaridad en el territorio, es una parcela de poder apetitosa. ¿Podría haber un pacto de no agresión tácito entre el PSC y la actual cúpula de la FCF? ¿Quizás un temor a que una depuración de responsabilidades destape más irregularidades o afecte a equilibrios políticos más amplios?

El silencio del PSC ante el escándalo de la FCF y su negativa a actuar con contundencia para depurar responsabilidades, convierte a la Generalitat en un actor clave de esta trama. Mientras los juzgados avanzan, lentos pero constantes, la administración de Berni Álvarez y Abel García parece preferir mirar hacia otro lado, alimentando la sospecha de que, en el ajedrez del poder, algunos peones son demasiado valiosos para ser sacrificados, incluso si ello significa blanquear un presunto fraude. La sociedad catalana, y especialmente los clubes, federados y aficionados, merecen respuestas y, sobre todo, justicia.