El defensor del pueblo investiga la responsabilidad del gobierno de Illa en el caso Soteras

Continúa el culebrón en la cúpula de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) a cuenta de la presunta manipulación de las elecciones por parte del actual presidente, Joan Soteras, y su entorno. Ahora el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha decidido abrir actuaciones contra la Generalitat de Cataluña por su inacción antes las posibles irregularidades.

El Síndic busca investigar si la Generalitat ha sido negligente en la supervisión que debía llevar a cabo contra la Federación, y en especial sobre posibles indicios de corrupción. El requerimiento de la Síndic, con fecha 24 de abril de 2025 y firmado por la gerente, Mercè Perelló Jané, fue enviado antes que se supiera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el cual confirmaba a Joan Soteras como presidente de la FCF.

Con este requerimiento, la síndica responde a la queja presentada por el actual secretario general de la FCF, Oriol Camacho, de baja médica, que denunció la inactividad de la administración deportiva. En este caso, la consejería de Deportes a cargo de Berni Álvarez.

El propio Camacho, el 3 de abril de 2024 presentó un escrito instando a la apertura de un expediente disciplinario ante el Tribunal Catalán del Deporte (TCE) por las graves irregularidades en las elecciones a la FCF, que había podido constatar en su calidad de secretario de la Junta Electoral. En aquel momento era consejera de Deportes Laura Vilagrà, de ERC. Con el cambio de gobierno todo ha quedado sin efecto.

No interesa hacer ruido

Es más, no solo ha quedado sin efecto, sino que han habido movimientos dentro de la consejería para tapar cualquier expediente. A Berni Álvarez parece que no le ha interesado abrir ningún proceso o ninguna investigación contra Joan Soteras. Es más, el TCE ha respondido a varios clubs, interesados en esta causa y que querían personarse contra Soteras, que no existe ningún expediente abierto, según ha podido saber El Debate.

En su momento la propia Vilagrà, en junio de 2024, pidió que Soteras y su junta dimitieran, que dieran un paso al lado. Añadiendo que «ya basta que el fútbol catalán esté en el ojo del huracán por presuntas corruptelas o tergiversación de documentos y que sus dirigentes se alejen de los valores de la honestidad y la transparencia».

A pesar de todo esto, desde que Deportes está en manos del PSC, nadie ha movido un dedo ni se han pedido dimisiones. Por eso el Síndic de Greuges ha decidido, por segunda vez, mandar un requerimiento a la Generalitat. Le ha solicitado documentación para saber si ha hecho o no alguna cosa con respecto a la denuncia de Oriol Camacho. Y la síndica es clara: de no haber hecho nada la Generalidad de Cataluña, sería obstruccionismo.

El plazo ha acabado

Y el requerimiento afirma que el tiempo ha caducado. Que el plazo legal se ha acabado y debían haber hecho alguna cosa, en positivo o en negativo, pero que según parece no han movido pieza sobre el tema. Dicho de otra manera, la investigación busca determinar si la Generalitat ha cumplido con sus responsabilidades en la supervisión y control de la federación, así como si ha tomado medidas adecuadas ante posibles irregularidades.

El procedimiento de investigación del Síndic de Greuges implica la apertura de un expediente para evaluar la situación, la solicitud de documentación y la posibilidad de solicitar colaboración de expertos. Las entidades o personas objeto de investigación tienen un plazo para remitir un informe con la documentación pertinente.

Para abrir un procedimiento, el Síndic puede recibir una queja o iniciar una investigación de oficio. Tras admitir la queja o iniciar la investigación, se abre el procedimiento, se comunica a las partes involucradas y se les da la oportunidad de presentar sus argumentos y documentación. El Síndic puede solicitar la colaboración de expertos y, si considera necesario, tomar medidas para garantizar la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos.

Lo que se está pidiendo, para ser claros, es si la Generalitat ha cumplido o no su deber de neutralidad. Todo hace suponer que no lo ha cumplido, al no haber movido pieza. No haberse pronunciado al respecto hace que pensar. Y no tiene nada que ver si ha existido un cambio de gobierno o no. El color político no debe implicar una dejadez de funciones. Y esta se ha dado en el momento que el PSC ha entrado en esta consellería y no haberse pronunciado sólo ha beneficiado a Joan Soteras.