El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este martes en Bruselas
Cataluña
Los nacionalistas ruegan al gobierno de Illa que presione a Marlaska para echar a la Policía de Vía Laietana
Reclaman a Espadaler apoyo en su empeño por trasladar la Jefatura a la Verneda
La Jefatura Superior de Policía Nacional situada en el número 43 de la Vía Laietana de Barcelona es una de las viejas obsesiones del independentismo y de la izquierda, que se han marcado como objetivo expulsar de allí a los agentes para convertir el lugar en un trofeo fosilizado.
Su último envite tuvo lugar esta semana, cuando miembros del colectivo bautizado como 'Via Laietana 43: Fem Justícia, fem Memòria' (“hagamos justicia, hagamos memoria») se reunieron con Ramon Espadaler, el consejero de Justicia del gobierno de la Generalitat encabezado por el socialista Salvador Illa. Entre los integrantes de este grupo hay entidades notorias por su activismo nacionalista, como Òmnium Cultural o Irídia.
En el encuentro, según han declarado a Europa Press varios de presentes en la reunión, se transmitió a Espadaler su «insatisfacción» con el hecho de que el Gobierno haya declarado la comisaría como Lugar de Memoria Democrática –el ejecutivo de Pedro Sánchez lo hizo en julio, señalando que fue «el nodo principal de la espesa red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura»– pero no expulse de la misma a los policías.
«No es suficiente»
En concreto, han reclamado a Espadaler que se reúna con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para presionarle con el traslado de la Jefatura a las dependencias de La Verneda. Aseguran que la declaración del bloque como Lugar de Memoria Democrática no es «suficiente», ya que se reduce a algo meramente «simbólico» mientras los agentes de la Policía Nacional sigan trabajando en él.
La comisaría de Vía Laietana, ahora Lugar de Memoria Democrática
Así, afirman que la Ley de Memoria Democrática establece las condiciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que no puede haber reparación para las víctimas si «simplemente se coloca una placa» pero se mantiene la actividad policial. Por ello, consideran que debe destinarse «íntegramente» a ser un museo, sin dobles usos.
Se trata del último intento de los separatistas por resarcirse de un lugar que, más allá de lo que ocurriera durante la dictadura –y también antes, ya que fue también centro de tortura para los anarquistas, como recuerda el historiador y colaborador de El Debate César Alcalá– cobró un renovado valor simbólico como objetivo del rencor nacionalista durante el procés independentista.
