Consiguen anular la multa lingüística de una cafetería en Sitges (Barcelona): «Es un primer paso»

El 6 de enero de 2022, una cafetería de Sitges recibe una denuncia porque un cliente aseguró esto: «pedí un café en catalán y no me atendieron. De hecho, me dijeron en inglés: don't give that shit que, traducido, quiere decir no me vengas con estas tonterías».

Esto le valió a la Agencia Catalana de Consumo para llevar a cabo una inspección en al establecimiento (que se hizo en español), al que acabó sancionando «por no entender el catalán», cuando, además, había dos empleados que sí lo entendían. Se impuso al propietario de la cafetería una multa de 700 euros al ser considerada una infracción leve.

Pues bien, ahora el Juzgado de lo Contencioso 5 de Barcelona ha anulado esta sanción al considerar que una denuncia genérica no es base suficiente para incoar con garantías un expediente sancionador de este tipo.

De hecho, en la sentencia se deja claro que, para empezar, no se sabe qué día ocurrieron los hechos y tampoco hay una «descripción básica» de quién atiende al cliente, «y mucho menos de que se negaran a atenderle con posterioridad». Entiende la juez que no hay, por todo ello, «suficientes elementos» para llevar a cabo el procedimiento sancionador.

«Un primer paso»

Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que presentó el recurso, celebra la resolución porque «refuerza la libertad lingüística en las relaciones privadas» y considera que se «consolida» la seguridad jurídica de los comercios «frente a campañas tramitadas mediante formularios estandarizados».

Es más, creen que puede ser «un primer paso» para acabar con «el sistema de delaciones lingüísticas promovido por la Administración autonómica, que anima a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por usar el castellano en sus negocios bajo la falacia de que debe emplearse 'al menos el catalán'».

Ángel Escolano, presidente de CCC, considera que la «imposición del uso de una de las dos lenguas oficiales a los ciudadanos en el ámbito empresarial y comercial constituye una invasión intolerable de su libertad y es incompatible con los derechos fundamentales». Y asegura que establecer un sistema de denuncias como existe en Cataluña es más propio de «regímenes totalitarios»

Sanciones en aumento

Recordemos que las sanciones lingüísticas están vigentes desde que se aprobó el Código de Consumo de Cataluña, en 2010, y se obliga a los comercios a ofrecer información y atención «al menos en catalán». A pesar de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en 2018 los aspectos que imponen preferencias lingüísticas en el ámbito privado, la Agencia Catalana de Consumo ha continuado aplicando multas, utilizando para ello denuncias ciudadanas y de entidades como Plataforma per la Llengua.

Así, por ejemplo, en 2023 se impusieron 261 multas por vulneración de derechos lingüísticos, con una recaudación total de 496.920 euros, lo que supuso un incremento del 283% respecto a 2022. Y el gobierno de Salvador Illa no ha sido menos, ha seguido la misma política de sanciones y ya ha impuesto más de 200, recaudando 410.000 euros en solo un año.

Y en el Parlamento Europeo, en julio, tres expertos en derecho de la UE advirtieron que esas sanciones económicas podrían no ajustarse a la normativa de la Unión porque podrían vulnerar derechos fundamentales al no estar ni justificadas ni ser proporcionales. Además de que es elección del propietario del establecimiento elegir la lengua en la que quieren dirigirse a sus clientes.

Ante este panorama, Convivencia Cívica Catalana ha anunciado medidas inmediatas para intensificar su defensa de los afectados. La entidad pondrá en marcha una línea directa con su gabinete jurídico para consultas urgentes, un «kit de defensa rápida» con modelos de alegaciones y recursos, acompañamiento en procedimientos administrativos y judiciales, registro de casos para detectar patrones de delación, y sesiones informativas gratuitas para asociaciones de comerciantes.