Illa pondrá en marcha la oficina antidesahucios que 'protege' a los okupas

La creación de una nueva unidad antidesahucios acordada por el PSC y los Comunes ha reavivado una vieja discusión en Cataluña: cómo proteger a las familias vulnerables sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios y la estabilidad del mercado de alquiler. La medida, que pretende articular un equipo de medio centenar de profesionales, entre juristas, mediadores y trabajadores sociales, para prevenir y frenar los desalojos forzosos, ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos expertos en derecho inmobiliario, que la consideran más simbólica que efectiva.

El pacto entre socialistas y comunes responde a una de las exigencias históricas del espacio que lidera Jessica Albiach, que desde hace años defiende la creación de estructuras públicas capaces de intervenir de manera preventiva ante los desahucios. La nueva unidad dependerá de la Generalitat y contará con un presupuesto inicial destinado a asistencia jurídica y mediación con los juzgados. En concreto, se contempla una inversión de 40 millones de euros repartida en cuatro años.

Las funciones de esta unidad incluyen el acompañamiento personalizado a las familias afectadas, la mediación activa con propietarios y entidades financieras para evitar el lanzamiento, y el refuerzo del asesoramiento jurídico gratuito ya existente. Además, se modificará el programa Reallotgem, de realojamiento de vulnerables, para mejorar su efectividad, con el objetivo de prevenir la pérdida de vivienda y garantizar alternativas habitacionales estables, dicen desde el gobierno catalán.

Sin embargo, para el abogado José María Español, especialista en ocupaciones ilegales y en derecho de propiedad, la iniciativa parte de un error conceptual: «Es un contrasentido que una administración pública cree un organismo para ir en contra de las resoluciones judiciales», advierte. En su opinión, la creación de un ente antidesahucios «duplica estructuras que ya existen» y puede «agravar la inseguridad jurídica que padece el mercado de la vivienda».

Una red que ya existe

Español recuerda que, desde hace más de una década, existen protocolos de actuación entre los juzgados, los colegios profesionales y los servicios sociales para intervenir cuando se detecta una familia vulnerable. «En el momento de presentar la demanda, el juzgado ya comunica a servicios sociales la existencia de un posible caso de vulnerabilidad, tanto en okupas como en inquilinos», explica.

Según detalla, este procedimiento se puso en marcha en 2013 mediante un acuerdo entre el Colegio de Abogados, el de Procuradores, la Generalitat y los juzgados. «Cuando te encontrabas con una familia vulnerable, se suspendía el lanzamiento y se informaba a servicios sociales para que adoptasen las medidas adecuadas», señala. Las reformas legislativas posteriores ampliaron incluso esos plazos, estableciendo suspensiones automáticas de hasta cuatro meses para permitir la intervención de la administración.

«Por eso —añade— venir ahora a crear una oficina antidesahucios, es redundante y contraproducente. Lo que se debería hacer es mirar modelos que funcionan, como el de Galicia, donde desde 2013 existe un programa de ayuda directa y acompañamiento para quienes están en riesgo de desahucio».

Un «chiringuito» más o una herramienta necesaria

El debate no es nuevo. En los últimos años, varios ayuntamientos, especialmente el de Barcelona, han puesto en marcha oficinas similares, con resultados desiguales. Los defensores de estas estructuras sostienen que la presencia de mediadores y juristas públicos ha evitado numerosos desalojos y ha permitido soluciones habitacionales temporales.

Pero Español se muestra tajante: «Nos dedicamos a crear organismos, pero lo que hace falta es un cambio legislativo urgente. España va al revés de Europa: aquí está más protegido un okupa que un propietario». El abogado considera que las políticas intervencionistas han tenido un efecto perverso: «Cuantos más obstáculos pongas y más desconfianza generes, menos particulares se arriesgarán a alquilar sus pisos», advierte.

Según datos del sector, más del 80% de las viviendas en alquiler en España pertenecen a particulares, no a grandes fondos. Y es precisamente ese pequeño propietario, el que hereda un piso o lo alquila como complemento de ingresos, el que, según Español, está desapareciendo del mercado. «Muchos prefieren vender o dejar el piso vacío antes que enfrentarse a un proceso judicial interminable», asegura.

El abogado recuerda que la suspensión de lanzamientos decretada durante la pandemia del COVID-19 sigue vigente hasta finales de 2025. «Hay propietarios que llevan cinco años esperando recuperar su vivienda porque el lanzamiento está paralizado», denuncia. Y mientras tanto, advierte, crece un fenómeno nuevo: la compraventa de pisos ocupados de forma ilegal. «En algunas localidades de la provincia de Gerona, entre un 10 % y un 12 % de los pisos que se venden están okupados», apunta.

Español atribuye esta situación a un marco legal que, en su opinión, desincentiva la inversión y espanta a los promotores: «Muchos inversores están optando por marcharse a otras comunidades menos intervencionistas que Cataluña», afirma. A su juicio, medidas como la nueva unidad antidesahucios «ponen sal en la herida» y agravan un problema que tiene su origen en la falta de oferta y la rigidez del marco jurídico.

El trasfondo político

La creación de la unidad antidesahucios llega en un momento de tensiones dentro del Govern, con los Comunes presionando al PSC para marcar un perfil social más fuerte de cara a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para el próximo año. Para los socialistas, la medida permite mantener la cohesión del pacto, mientras que para el entorno económico supone un riesgo para la inversión en vivienda.

«Cada ocurrencia que adoptan agrava más el problema», concluye Español. «Hasta que no se convenza al particular de que puede alquilar con garantías, no habrá más vivienda disponible. Y con este tipo de medidas, vamos justo en la dirección contraria».