Una experta en mafias, sobre si Cataluña se parece a un narcoestado: «Sería malo que no se publicaran sucesos»

¿Está Cataluña ante la posibilidad de convertirse en algo asimilable a un narcoestado? Esta es la pregunta que se hacían los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en su XIV Jornada de Criminología, celebrada hace unos días y que pretendía abordar la magnitud del problema del narcotráfico en la comunidad.

«Cataluña se ha convertido en una plataforma logística estratégica» para el tráfico de drogas como la cocaína o la marihuana –una sustancia que cada vez preocupa más a los Mossos d’Esquadra por todas las problemáticas que trae asociadas, como la violencia entre bandas con armas de fuego–, señalaba la vicedecana de Investigación de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Antònia Linde, en el arranque de la jornada.

Linde destacó que Barcelona fue el quinto puerto de entrada de cocaína en Europa en 2024, «un indicador que sitúa a Cataluña en las principales rutas globales y exige reforzar la gobernanza de la seguridad en infraestructuras críticas», señalan los organizadores de la jornada.

Alarma social

De un tiempo a esta parte, señalaban también los ponentes de la jornada, proliferan las noticias relacionadas con el narcotráfico en Cataluña, que generan un cierto grado de alarma social. Sin embargo, para Andrea Giménez-Salinas, profesora de Criminología en la Universidad Pontificia de Comillas y una de las mayores expertas de España en crimen organizado, esto no es necesariamente malo.

«Lo que sería malo sería que no se hablase», señalaba en su intervención en la jornada, apuntando que «cuando no se hacen operaciones policiales, malo, porque ellos [los narcotraficantes] van ganando terreno». Al abordar la pregunta inicial, Giménez-Salinas pidió cautela al hablar de «narcoestado», porque esta categoría responde a «un estado muy avanzado del problema», en el que el propio Estado «está al albur del crimen organizado».

Sin embargo, en referencia al caso español –no solo en Cataluña–, Giménez-Salinas señaló que ella no puede definir con precisión en qué estadio está en la escala que mide la deriva hacia el narcoestado, pero sí puede «advertir» una serie de advertencias, o «red flags» que alertan «de que la situación está cambiando», independientemente de que haya –como decía antes– más foco mediático en el narcotráfico.

Entre estas advertencias se advierte, decía Giménez-Salinas, «un aumento de la corrupción, sobre todo en el ámbito policial y en los puertos», así como un aumento de la «potencia tecnológica» a disposición de los narcotraficantes y un aumento de la violencia. La experta concluía pidiendo «datos accesibles» sobre el crimen organizado en España: «Se declaró que esta información no debía ser accesible al público y estamos ciegos».

Marihuana y violencia

Pocas horas después de que se celebrase esta jornada, la Fundación por la Seguridad Pública organizaba otra similar, esta titulada Marihuana y crimen organizado: retos y estrategias de respuesta. En ella, el intendente de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, reconocía que nunca ha habido tanta accesibilidad al mercado de la droga como actualmente, y ha añadido que este está en fase de expansión en Cataluña, ahora vinculado al crimen organizado.

«La violencia es el cemento del mercado de la marihuana», aseguraba Rodríguez el viernes, señalando que el mercado no ha tocado techo pero sí los recursos policiales: «Hemos llegado al techo de nuestras capacidades, porque ni las estructuras policiales ni las judiciales estaban diseñadas para esta eclosión», afirmaba.

Rodríguez explicó que, en base a cálculos de los Mossos, para poder iniciar una plantación es suficiente con un espacio de 500 m2, donde caben 700 plantas y en cuya inversión son necesarios 6.000 euros; a partir de aquí, el precio del kilo se sitúa en 2.100 euros y de una primera cosecha los delincuentes pueden obtener 24.000 euros.

En esta jornada, el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, pedía «abrir el melón» y endurecer el Código Penal para disuadir del tráfico de marihuana. Se sumó a esta petición el fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Cataluña, Gerardo Cavero, que reclamó al poder legislador reformas para que las secciones puedan condenar con penas «severas y disuasorias» y el joven que trabaja vigilando una plantación de marihuana sepa «que sale más a cuenta dedicarse a otra cosa».