Después del B9: el desalojo en Badalona reabre el debate sobre vivienda y convivencia

En el antiguo instituto B9 de Badalona llegaron a malvivir unas 400 personas. Cuando cobró fuerza la noticia de un desalojo inmediato, la mitad decidió irse voluntariamente. Y ahora, la otra mitad, unas 200 personas, están repartidos en diferentes centros de entidades sociales, en casas particulares de vecinos o en un campamento con decenas de tiendas de campaña que han montado bajo el puente de la C-31.

Y, mientras tanto, se suceden las convocatorias a favor o en contra del desalojo (que se produjo el 17 de diciembre), a favor o en contra de que esos emigrantes se vayan de la ciudad. Parece que Badalona se haya partido en dos. ¿Pero es realmente así? No hay que perder de vista que su alcalde, Xavier García Albiol (PP), arrasó en las últimas elecciones municipales y consiguió la mayoría absoluta: 18 de los 27 concejales que tiene el consistorio. Y ganó con el mismo discurso que defiende ahora: tolerancia cero con la ocupación ilegal, con el incivismo y con la delincuencia.

Y él lo tiene claro: quiere negociar con la Generalitat para que los desalojados se vayan de la ciudad. García Albiol ha repetido por activa por pasiva que el Ayuntamiento no va a destinar «ni un solo euro» a aquellos que «han hecho la vida imposible a los vecinos».

Y es que, efectivamente, algunos vecinos de Sant Roc han denunciado que los ocupantes del B9 creaban problemas de convivencia (se peleaban entre ellos u organizaban fiestas a altas horas de la madrugada); también problemas de seguridad, porque ese instituto se había convertido en un foco de trapicheo de droga, o de robos. E incluso, recordemos, se había registrado un homicidio en el inmueble: un okupa mató a otro. Y, recientemente, también se supo que se habían dado casos de tuberculosis.

El alcalde de Badalona defiende que tienen que mojarse los que defienden una política migratoria de puertas abiertas. Él se ha referido expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que el Ayuntamiento, apunta, no puede hacer frente solo a la situación. Para explicarlo, subió un vídeo a sus redes sociales en el que dejaba claro que mantener a los 400 okupas del B9, durante seis meses, podía costar más de ocho millones de euros a las arcas municipales.

Los vecinos, entre el hartazgo y la comprensión

Rosa, vecina de Sant Roc desde hace más de veinte años, defiende la decisión del alcalde de desalojar el B9: «entiendo que son personas que lo pasan mal, pero el barrio ya estaba muy tensionado. Había mucha suciedad, ruidos y miedo por las noches. También tenemos derecho a vivir tranquilos». En la misma línea se pronuncia Román: «tengo dos niños pequeños y yo estaba cansado de que vieran según qué cosas. La liaban todas las noches».

Y Sinaí, que se une a la conversación, asiente: «son personas, sí, pero había momentos en que no sabían comportarse. Nosotros pagamos impuestos con mucha fatiga y también necesitamos un barrio un poco más tranquilo».

Otros vecinos, en cambio, piden no criminalizar a los desalojados. Jordi, comerciante de la zona, apunta que «aquí había de todo. Algunos problemas existen, pero no por su origen, sino por la falta de soluciones. Si no hay políticas sociales, el conflicto acaba en la calle». Y Antonio asegura que «han pagado justos por pecadores», porque había «maleantes» entre los okupas, pero también «buenas personas, que tienen un trabajo, pero no les llega para pagar una vivienda en condiciones».

Núria considera que se tenía que haber buscado una alternativa antes del desalojo, pero ahora, «acabarán en otro lugar, deambularán por la ciudad y el problema lo seguiremos teniendo». Ella cree que «no se trata solo de convivencia, sino de derechos. Estas personas necesitan techo y acompañamiento».

Desalojados

Y luego están los grandes protagonistas, gente como Ibrahima, Amadou, Mamadou o Shian. Ibrahima, por ejemplo, tiene 41 años y llegó a Badalona hace tres años. Dice que ha tenido varios trabajos, «poca cosa», lo suficiente para tener algo que comer. «Allí, al menos, teníamos un sitio donde dormir tranquilos. No era una casa, pero era mejor que la calle», asegura. Y también pide que no se generalice porque «no somos delincuentes».

Amadou Keita, de 27 años, explica que llegó de Murcia hace solo unos meses, y considera que el desalojo ha aumentado la sensación de fragilidad: «cuando no tienes papeles ni contrato, nadie te alquila nada. Sin un sitio fijo, tampoco puedes buscar trabajo bien. Es un círculo». Y otros, como Mamadou, de 35 años, intentan mantenerse activos a pesar de la incertidumbre: «yo trabajo algunos días descargando camiones, pero no me llega para tener una casa. Y así no puedes avanzar». «No pedimos regalos. Solo un lugar donde empezar», concluye Shiam.

Pero el debate no se ha quedado en el barrio de Sant Roc, también se ha extendido por toda la ciudad. Y un ejemplo es que un grupo de vecinos, se concentró ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat para que allí no pudieran alojarse una docena de los inmigrantes desalojados. Gritaron consignas como «no los queremos» o «no entrarán».

Míriam, que estuvo en la protesta, asegura que no quieren que «los problemas» también se traslade a su barrio, a Sant Crist. Y pide a otros partidos y administraciones «que se llenan la boca de acogida, que de verdad lo hagan, porque hasta ahora no han movido un dedo. Protestan, protestan y protestan, y critican a Albiol, pero a la hora de verdad, todos parados», lamenta.

Lo cierto es que ERC, PSC, Comunes y otras entidades se han unido para denunciar la política del alcalde de Badalona, al que acusan de «racista», de «atizar la confrontación» o de «esparcir el odio». Han participado en algunas concentraciones de apoyo a los desalojados en las que no ha faltado, por cierto, el actor Willy Toledo, como la que se convocó este lunes por la tarde.

Una concentración que tuvo lugar frente a Can Bofí Vell, un albergue cerrado hace un tiempo, y que algunos de los desalojados ahora han okupado. Según ha explicado Xavier García Albiol, «reventaron la alarma». Y no solo eso, sino que «se presentaron con los abogados con un documento notarial diciendo que certificaban que estaban desde el miércoles o el jueves».

El alcalde también querría echarlos, pero «por la puñetera ley que tenemos en este país no podemos impedir, el Ayuntamiento, que entren ni que salgan». Y, eso sí, ha prometido a los vecinos reforzar la seguridad en el barrio mientras dure la ocupación del antiguo albergue.

Precisamente estos okupas enviaron una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que piden «soluciones» y asegura que han decidido ocupar Can Bofí Vell porque es el lugar «que nos corresponde por derecho». Y lamentan que se esté produciendo una «disputa de competencias» entre administraciones. También han defendido que el colectivo «no es violento» y que «no somos delincuentes».

Lo cierto es que el caso del Instituto B9 se ha convertido en un símbolo de un problema estructural: la falta de vivienda asequible, cómo se hace frente a la inmigración y la dificultad de las administraciones para dar respuestas duraderas.