El silencio de los corderos: sindicatos, patronales y lobbies callan ante el caos del transporte en Cataluña

Los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) pillaron al independentismo y a la Cataluña institucional en sus cosas. A principios de semana, estas eran tres: la insuficiencia o no de la financiación, con republicanos y socialistas, por un lado, y puigdemoniacos por el otro a la greña; la campaña contra Filmin -la Netflix catalana- por haber subido a su plataforma un documental que cuenta cómo la policía nacional vivió las manifestaciones violentas del independentismo tras la sentencia condenatoria del procés, y en sus campañas de promoción, o más bien, coacción, para el uso del catalán.

Habitualmente, en Cataluña, tanto los sindicatos como las patronales y otros grupos de poder, estudio o presión, suelen posicionarse rápidamente cuando hay temas de actualidad, afecten o no a Cataluña y a los catalanes. Sin ir más lejos, esta semana el ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), una ciudad de más de 225.000 habitantes gobernada por el Partido Socialista, exigió a Donald Trump que liberara a Nicolás Maduro.

El momento cumbre del posicionamiento institucional catalán se vivió en noviembre de 2009, cuando toda la prensa catalana y todas las instituciones, excepto el Colegio de Abogados de Barcelona-, firmaron una declaración conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional que suprimía una serie de artículos del Estatuto de Autonomía por anticonstitucionales, al cargarse la igualdad entre españoles.

Después de eso, los círculos de poder catalanes se han posicionado frecuentemente. Ejemplo de ello fue la campaña contra los peajes, hasta lograr que el Estado los levantara, mientras las autopistas de la Generalitat siguen teniendo barreras de pago en el Garraf, Manresa o el Túnel del Cadí.

Recientemente, los sindicatos catalanes llegaron a convocar una huelga general por el presunto genocidio en Palestina. Ahora bien, cuando el tema les afecta a ellos mismos, las cosas cambian y un manto de ensordecedor silencio llena tribunas y páginas web.

Sin reacción

En el momento de escribir estas líneas, la web de UGT en Cataluña no tiene información alguna sobre la paralización del servicio ferroviario en Cataluña de forma intermitente durante esta semana, y la de CC. OO. ha publicado un comunicado mostrando su preocupación porque los trabajadores afectados por la falta de transporte público deben tener garantizado que no deberán recuperar las horas que no han podido ir a trabajar.

Repasando las webs de las patronales –Fomento y Pimec– y de los lobbies cercanos al soberanismo –Fem Cat y el Cercle d’Economia–, en ninguno de ellos hay análisis, queja o propuesta alguna sobre la parálisis de los servicios en Cataluña.

No hay que molestar al poder, quizás porque ellos son el poder. En realidad, el análisis de las campañas y posicionamientos públicos de las instituciones presuntamente representativas de la sociedad civil catalana tiene como hilo conductor que siempre afectan a materias en las que las administraciones públicas catalanas no tienen responsabilidad alguna.

Carles Puigdemont, mientras, citó este sábado por segunda vez en una semana a la dirección de su partido para que le gire visita en Waterloo para hablar, presuntamente, del bloqueo de la movilidad en Cataluña. En realidad en Junts andan más preocupados por su irrelevancia y pérdida de poder e influencia que por aportar solución alguna.

Incompetencia institucional

Las instituciones catalanas son incompetentes, ni la sanidad, ni la educación, ni los transportes funcionan, pero nadie se atreve a señalar que la responsabilidad es propia. Contra Madrid los poderes públicos catalanes y sus círculos de influencia viven mejor.

Igual que en la película Good Bye Lenin los hijos de la protagonista recreaban un mundo de ficción dentro de su domicilio ajeno a lo que estaba sucediendo en la calle, la clase dirigente catalana ha creado la ficción de que todo lo que sucede no es culpa suya.

Hoy es más difícil culpar a Madrid -como ente abstracto- porque ellos forman parte del poder capitalino, pero hablan en tercera persona como si todo les fuera ajeno.

Si Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal fueran presidentes del Gobierno, todos los que hoy están en silencio habrían firmado ya la convocatoria de una manifestación conjunta y el sábado por la tarde -qué fastidio-, y hubieran estado en el paseo de Gracia sosteniendo una pancarta. Para volver a la calle deberán esperar hasta que Pedro Sánchez convoque elecciones, y eso no será hasta el segundo semestre de 2027.