El PNV fracasa en su intento de reconducir la relación entre Sánchez y Puigdemont

Pedro Sánchez ha cambiado a Santos Cerdán por Aitor Esteban como negociador con Junts. Tras el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE y la ruptura de las negociaciones secretas en Ginebra (Suiza), con mediador salvadoreño incluido, La Moncloa no ha renunciado a mantener interlocución con los de Carles Puigdemont, y no ha parado de hacerles guiños para intentar que vuelvan a la mayoría que permitió la investidura.

La regularización de 500.000 inmigrantes irregulares no es una decisión finalista destinada a satisfacer a Podemos, sino una vía para que la organización dirigida por la dupla Pablo Iglesias-Irene Montero se avenga a apoyar la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración, medida que había sido calificada por los morados de «racista». La jugada ideada por la legión de asesores monclovitas no ha salido del todo bien, porque Podemos y Junts son dos extremos imposibles de sentar en una misma mesa.

El núcleo presidencial no ha desistido de intentar reconducir a Junts. Tras el «no» de los archifamosos siete escaños de Junts al decreto ómnibus –que mezclaba pensiones con okupas con el único objetivo de que el PP lo rechazara, para así poder hacer campaña en Aragón–, el equipo presidencial recurrió al PNV para hacer llegar mensajes a Puigdemont.

Esta labor mediadora tras el encarcelamiento de Santos Cerdan la había realizado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero el expresidente está en horas bajas por las sospechas de sus negocios turbios con los bolivarianos en Venezuela, y en Junts no quieren saber nada de él.

Recados del PNV

El PNV, muy disciplinado, envió los oportunos recados, pero no parece que hayan fructificado en una aproximación entre Junts y el PSOE. La respuesta de los de Puigdemont llega por diversas vías y ninguna contiene señales positivas para La Moncloa.

Junts ha anunciado que aprobará el decreto de revalorización de las pensiones, pero no el que contiene medidas de la llamada por el Gobierno «protección social», dado que discrepan del trato que se brinda a los propietarios de inmuebles.

No es la única señal de rechazo al Gobierno que emite Junts. Sus dos organizaciones sociales más afines, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –presidida por Lluís Llach, exdiputado de Junts pel Si, la coalición que en su día formaron CDC y ERC– y el Consell de la República, fundado por Puigdemont, han impulsado una manifestación de claro rechazo al Gobierno por la situación de Rodalies.

Y, para que no quede duda ninguna de la decisión de Junts de alejarse del Gobierno, su grupo municipal en Figueres –segunda ciudad de Gerona, gobernada por Junts– ha aprobado una moción de rechazo a la regularización masiva de inmigrantes promovida por Sánchez. El voto no es solo en clave local. Figueres es uno de los pocos municipios relevantes que Junts gobierna en Cataluña y donde la inmigración tiene un peso importante.

En Junts creen que solo alejándose de Sánchez y subiendo el tono pueden parar el tsunami de Aliança Catalana. Resulta significativo el encuentro empresarial —celebrado en un club de golf de la Costa Brava, antes feudo inexpugnable de Junts— organizado por el fundador del bufete Cuatrecasas, al que asistieron grandes nombres de la burguesía catalana como los Xercavins o los Puig.

También preocupa la encuesta publicada por el ICPS, que sitúa a los de Sílvia Orriols en tercera posición, por delante de Junts. Todo ello tiene desconcertada a la dirección del partido y ha encendido todas las alarmas.