Las bajas laborales en Cataluña aumentaron un 170,8 % en una década

La patronal de pymes catalanas denuncia que el aumento del absentismo justificado lastra la competitividad y equivale ya al 10,5 % del PIB, mientras el Gobierno autonómico rectifica su intento de ligar financiación sanitaria a reducir días de baja.

Cataluña afronta un fuerte incremento de las bajas médicas por incapacidad temporal, que se han disparado un 170,8 % entre 2013 y 2024, según un informe de Pimec, la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los autónomos catalanes. El estudio cifra en hasta 33.340 millones de euros anuales el impacto económico de este absentismo justificado, el 10,5 % del PIB regional, en un contexto en el que el Gobierno autonómico ha dado marcha atrás a su plan de incentivar económicamente a los centros de atención primaria que redujeran días de baja, tras las críticas de sus socios y de los sindicatos sanitarios.

Cataluña, líder en bajas médicas y con un absentismo al alza

Según el informe de Pimec, el número de bajas laborales iniciadas en Cataluña alcanzó en 2024 las 2.294.000, lo que supone 54,62 bajas por cada mil trabajadores, frente a las 38 contabilizadas en 2019. La patronal subraya que se trata de bajas médicas justificadas por incapacidad temporal, tramitadas desde la atención primaria, pero de un volumen que compromete la productividad del tejido empresarial.

Las horas mensuales de incapacidad temporal por trabajador se han más que duplicado en la última década, al pasar de 3,8 horas en 2013 a 8 horas en 2025, con una tasa de absentismo que ha escalado del 2,5 % al 5,3 %. Pimec recuerda que Cataluña registra unos costes superiores a la media española pese a tener una estructura demográfica con menos población envejecida y menos enfermedades crónicas que otras comunidades.

El coste para la economía y las empresas catalanas

El informe de Pimec cuantifica el impacto económico anual de las bajas por incapacidad temporal en hasta 33.340 millones de euros, lo que equivale al 10,5 % del PIB catalán. El coste medio por trabajador se sitúa en 2.565 euros anuales, una carga especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas que vertebran la economía regional.

Por sectores, la industria concentra el mayor número de horas de baja y el coste más elevado, mientras que la construcción presenta los niveles más bajos de incapacidad temporal. Además, la patronal constata que cuanto mayor es la empresa, más horas acumula: las grandes compañías registran hasta diez horas mensuales de baja por trabajador frente a las 5,7 horas de las pequeñas.

Edad, causa de la baja y frecuencia del absentismo

El análisis de Pimec también apunta a cambios en la estructura de la fuerza laboral y en las patologías más frecuentes. El peso de los trabajadores de 55 años o más ha pasado del 14,5 % al 20 %, y este grupo acumula las bajas de mayor duración, con una media de 58 días, principalmente por enfermedades musculoesqueléticas ligadas a trabajos manuales.

Sin embargo, son los trabajadores más jóvenes, de entre 16 y 24 años, quienes presentan la mayor frecuencia de bajas, con 76 procesos por cada 1.000 empleados, lo que añade preocupación sobre la cultura del esfuerzo y el vínculo con el mercado laboral en las nuevas generaciones. Los trastornos mentales casi se han cuadruplicado desde 2015 (un aumento del 192 %): representan el 8,7 % de las bajas, pero concentran el 23,6 % de los días totales de incapacidad temporal.

Aunque la duración media de las bajas se ha reducido ligeramente, de 33,6 días a 30, más del 75 % de los procesos duran menos de 15 días, por lo que Pimec concluye que el problema ya no está tanto en la duración como en la frecuencia de las ausencias.

La polémica propuesta del Gobierno autonómico y su rectificación

Ante este escenario, la Conselleria de Salut de la Generalitat, dirigida por Olga Pané, planteó esta semana condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria al número de días de baja que prescriben en casos de patologías de salud mental y osteomusculares. La idea era introducir incentivos económicos para reducir las bajas laborales, apoyándose en el argumento de que muchos procesos se alargan porque las pruebas diagnósticas se demoran en exceso.

La propia Conselleria defendió que, si las pruebas se realizaban con mayor rapidez, el diagnóstico y el tratamiento llegarían antes y la duración de las incapacidades temporales sería «adecuada». Pimec y Foment del Treball celebraron inicialmente la propuesta, al considerar que respondía a una necesidad urgente de agilizar diagnósticos y tratamientos para reducir retrasos innecesarios y favorecer la recuperación en el menor tiempo posible, siempre con garantías médicas.

Sin embargo, las principales fuerzas parlamentarias que sostienen al Gobierno autonómico –ERC y los comunes– reaccionaron con dureza y reclamaron explicaciones y una rectificación. Junto a la CUP, exigieron la retirada de la medida y la comparecencia en el Parlament de Pané y de los secretarios generales de Salut y de Empresa y Trabajo.

Los sindicatos sanitarios también se alinearon en contra del plan. El sindicato de enfermería SATSE sostuvo que la medida no afrontaba «el problema de fondo» y denunció la falta de recursos en la sanidad catalana, mientras que Metges de Catalunya advirtió de que los incentivos podían generar un conflicto de intereses estructural entre la presión presupuestaria y los criterios clínicos.

Finalmente, tras las quejas de sus socios de investidura y de las organizaciones profesionales, el Gobierno autonómico ha reculado y ha renunciado a vincular la financiación de los centros de atención primaria a una reducción de las bajas médicas laborales. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, anunció el acuerdo presupuestario que tumba los incentivos y subrayó que «han de prevalecer los criterios profesionales» en la decisión de conceder o no una incapacidad temporal.

La cuestión de fondo, sin embargo, permanece abierta: Cataluña afronta un absentismo laboral justificado en máximos, con un impacto millonario para empresas y cuentas públicas, mientras la patronal Pimec reclama medidas eficaces que compatibilicen la protección de la salud de los trabajadores con la imprescindible recuperación de la competitividad económica.