Fachada de la Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y la Adolescencia
Cataluña
Cataluña afronta su cuarta huelga en un mes: el personal de residencias y centros de menores se planta
Los sindicatos denuncian la excesiva externalización y que la patronal haya bloqueado el convenio
El conflicto laboral en el tercer sector social catalán ha estallado. Los principales sindicatos, CCOO, UGT, CGT e IAC, han convocado huelga este jueves para presionar a la patronal y desbloquear la negociación del Convenio de Acción Social, un texto que debería haberse renovado antes de finalizar 2025 y cuya revisión se arrastra desde hace seis años. El marco actualmente vigente data de 2008.
El paro afectará a residencias de mayores, centros de menores, servicios de atención a personas con discapacidad y otros recursos esenciales del sistema de protección y cuidados. Se trata de un ámbito altamente feminizado y mayoritariamente privatizado, que opera en gran medida mediante conciertos y externalizaciones financiadas con fondos públicos.
El convenio comenzó a renegociarse en 2019. En marzo de 2025 se alcanzó un acuerdo parcial que fijaba como fecha límite diciembre de ese mismo año para cerrar el nuevo texto. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la patronal, la Confederación del Tercer Sector, ha bloqueado la firma definitiva ofreciendo únicamente un acuerdo salarial parcial para 2026 con una subida del 3,5 % y aumentos similares en ejercicios posteriores.
Para CCOO y UGT, la propuesta es «claramente insuficiente» y perpetúa la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años. Reclaman incrementos mínimos del 5 % anual que permitan recuperar salarios, avanzar hacia la equiparación con el personal público que realiza funciones equivalentes y consolidar mejoras en permisos, excedencias, incapacidad temporal, promoción interna y reconocimiento profesional.
Ambos sindicatos sostienen que la patronal ha escudado la falta de avances en la insuficiente actualización de las tarifas públicas, mientras las plantillas continúan asumiendo sobrecarga de trabajo y condiciones precarias en un sector considerado esencial.
La CGT endurece el diagnóstico. Denuncia que más de dos décadas de externalizaciones han impuesto una lógica de contención de costes que impacta tanto en los derechos laborales como en la calidad de la atención. Según datos internos difundidos por el sindicato, el 77 % de los profesionales se ha planteado abandonar el sector, el 81,1 % asegura que no puede vivir dignamente de su salario y el 61,6 % ha estado de baja por motivos relacionados con el trabajo.
El sindicato exige transparencia sobre el destino de los fondos públicos, reconocimiento de los riesgos psicosociales, acceso a apoyo psicológico, aumento de ratios, jornada de 35 horas y garantías de que cualquier mejora de financiación revierta directamente en las plantillas. También denuncia haber sido excluido durante dos años de la mesa de negociación pese a contar, según afirma, con más de un 10 % de representatividad.
Un sistema ampliamente externalizado
El conflicto se produce en un contexto de fuerte dependencia de la gestión privada dentro del sistema de protección. Según datos del Departamento de Derechos Sociales correspondientes a enero de 2026, el 93 % de los CRAE, el 92 % de los centros de acogida, el 71 % de los CREI y la totalidad de las 'Casas d’Infants', SPAAI, SPE y pisos asistidos están externalizados.
Para la Asociación de Profesionales del Sector para la Mejora del Sistema de Protección a la Infancia en Cataluña (AMPICAT), que también apoya la huelga, el bloqueo del convenio amenaza con cronificar la rotación de profesionales, dificultar la cobertura de plazas cualificadas y agravar los riesgos psicosociales. Todo ello repercute directamente en la continuidad de los referentes educativos, una pieza clave en la estabilidad emocional de los menores tutelados.
La entidad insta a la Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) a ejercer liderazgo institucional para garantizar una solución que refuerce el modelo residencial y asegure coherencia entre el marco normativo y la realidad de los centros. «La protección real de la infancia comienza por garantizar estabilidad en los equipos que la acompañan cada día», subrayan.
Otro de los ejes del conflicto es la equiparación salarial con el personal funcionario. En muchos servicios, trabajadores de empresas subcontratadas desempeñan tareas equivalentes a las de empleados públicos con diferencias retributivas significativas. El Govern cifró en 600 millones de euros la inversión necesaria para cerrar esa brecha, pero los sindicatos denuncian que el compromiso no se ha materializado.
La jornada de huelga coincide, además, con el primer mes de paros parciales en los servicios de atención directa del Ayuntamiento de Barcelona, entre ellos el Instituto Municipal de Servicios Sociales y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, lo que amplifica el malestar en el ámbito de los servicios sociales.
