Cataluña tramita su polémica ley del taxi entre críticas de los VTC y dudas sobre su encaje europeo

El Parlamento de Cataluña ha dado el primer paso para la aprobación de la futura ley del taxi tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Con el voto en contra de PSC, Junts, ERC, Comunes, CUP y Aliança Catalana, y la abstención del PP, la cámara ha permitido que la norma continúe su tramitación parlamentaria, en un debate que evidencia que el pulso entre el sector del taxi y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) sigue lejos de resolverse.

La iniciativa legislativa, registrada el pasado septiembre por PSC-Units, Junts, ERC, Comunes y CUP, pretende ordenar el transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas y clarificar el papel de cada modalidad de servicio en un mercado marcado desde hace años por la tensión entre taxistas y plataformas de movilidad. Tras superar este primer debate en el pleno, el texto pasará ahora a la fase de ponencia y comisión, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de que regrese al hemiciclo para su aprobación definitiva.

La propuesta sitúa al taxi como servicio económico de interés general y lo coloca en una posición preeminente dentro del sistema de transporte de viajeros. La norma establece que el sector deberá garantizar obligaciones de servicio público como la universalidad, la accesibilidad y la continuidad del servicio, además de mantener el sistema de tarifas oficiales.

En paralelo, el texto regula las VTC como un servicio privado de carácter complementario que deberá funcionar siempre con contratación previa por parte del cliente. La propuesta también contempla una reducción progresiva de las licencias de VTC en el área metropolitana de Barcelona a medida que vayan caducando. Actualmente existen alrededor de un millar de autorizaciones y el Govern calcula que unas 600 podrían desaparecer con la entrada en vigor de la ley.

La regulación introduce además nuevas figuras dentro del transporte privado, como los vehículos de «alta disposición» para traslados en circunstancias específicas, con una precontratación mínima de dos horas, y regula también servicios como las limusinas. Asimismo, establece una infraestructura de datos para el seguimiento de los servicios y refuerza los requisitos de formación de los conductores, entre ellos la exigencia de acreditar un nivel B1 de catalán, aunque algunos grupos ya han planteado elevarlo al B2.

Debate parlamentario

El rechazo de la enmienda de Vox se ha producido con un amplio margen. El diputado Andrés Bello ha defendido su propuesta alegando que la norma presenta contradicciones con el marco europeo y posibles problemas de constitucionalidad, además de criticar que el texto haya sido presentado como proposición de ley por los grupos parlamentarios y no como proyecto de ley del Govern. Sus argumentos no convencieron a la mayoría de la cámara, que votó en contra de frenar la iniciativa.

A pesar del apoyo mayoritario para seguir tramitando la norma, los grupos parlamentarios han dejado claro que el texto sufrirá modificaciones. Desde el PSC, el diputado José Ignacio Aparicio ha defendido que la ley permitirá ofrecer estabilidad al sector y proteger a los usuarios, aunque se mostró abierto a negociar cambios durante el trámite parlamentario.

Junts también ha anunciado que presentará enmiendas. Su diputada Montserrat Ortiz ha criticado la falta de consenso en la elaboración de la norma y ha asegurado que su grupo quiere escuchar tanto a taxistas como a empresas de VTC y usuarios para introducir modificaciones.

En una línea similar, ERC ha defendido la necesidad de una nueva regulación ante lo que su diputado Joan Ignasi Elena ha calificado como una «dispersión normativa» que genera inseguridad jurídica en el sector. Los Comunes, por su parte, han insistido en reforzar el carácter público del servicio de taxi y evitar situaciones de precariedad laboral vinculadas a las plataformas digitales.

El PP ha optado por la abstención. Su diputada Àngels Esteller ha criticado que el texto no incorpore informes técnicos ni análisis de impacto y ha advertido de que la regulación puede afectar a la movilidad y a la libertad de empresa. También Aliança Catalana ha expresado su rechazo, al considerar que la norma reducirá la oferta de transporte sin prever cómo responder a la demanda.

Taxis vs VTC

Mientras tanto, el debate parlamentario ha tenido un eco inmediato entre los actores del sector. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha celebrado el resultado de la votación y se ha mostrado convencido de que la ley acabará aprobándose «casi en los términos en los que está escrita», gracias a la amplia mayoría parlamentaria favorable a reforzar el servicio público del taxi.

No obstante, Álvarez ha pedido a los partidos que no utilicen el conflicto entre taxis y VTC como «arma política» y ha defendido que el objetivo debe ser impedir que las plataformas digitales controlen el mercado de la movilidad.

En el lado opuesto, las asociaciones de VTC mantienen su rechazo al texto. El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha criticado la tramitación de la norma y ha advertido de que podría tener un fuerte impacto en el sector. Según sus cálculos, la regulación podría provocar la pérdida de hasta 6.000 empleos directos e indirectos.

Berzal ha sostenido que la ley carece de «rigor jurídico» y confía en que el trámite parlamentario permita introducir cambios. «Hay partido», ha afirmado, asegurando que el sector seguirá negociando con los grupos parlamentarios y no descarta recurrir la norma ante los tribunales si finalmente se aprueba.

En paralelo, el debate interno dentro del propio mundo del taxi también continúa abierto. Algunas organizaciones del sector han planteado la posibilidad de permitir que los titulares de licencias VTC puedan canjearlas por licencias de taxi durante un periodo limitado para cerrar definitivamente el conflicto. Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas de otras asociaciones, que consideran que equivaldría a premiar a quienes han operado fuera de las reglas del sector.