El Govern impulsa la construcción de 566 viviendas públicas en pequeños municipios con un modelo «flexible» y descentralizado

El gobierno de la Generalitat ha dado este lunes un nuevo paso en su estrategia para ampliar el parque de vivienda pública con el anuncio de la licitación, antes de que finalice el mes de abril, de 566 nuevos pisos distribuidos en 31 municipios, en su mayoría de pequeño tamaño. La iniciativa, formalizada mediante la firma de convenios entre el presidente Salvador Illa y los ayuntamientos implicados, busca superar las limitaciones técnicas y administrativas de los consistorios con menos recursos.

El plan se articula a través de 42 solares de reducidas dimensiones, con capacidad para 20 viviendas o menos, que serán gestionados directamente por la Generalitat mediante concursos individualizados. Esta fórmula, según ha destacado Illa, permite adaptar cada promoción a las necesidades específicas de cada municipio y abre la puerta a la participación de pequeñas y medianas empresas del sector.

«Es un sistema enormemente flexible, adaptado a la realidad de los municipios», ha afirmado el presidente catalán, quien ha agradecido a los ayuntamientos la cesión de los terrenos y su implicación en el proyecto. La actuación se enmarca dentro del plan del Govern para alcanzar las 50.000 viviendas públicas antes de 2030, uno de los pilares de su política social.

Por su parte, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha calificado el modelo como «una nueva línea de trabajo inédita», basada en la cooperación institucional. Paneque ha puesto en valor los espacios de concertación creados con los municipios, destinados a incrementar de forma sostenida el parque público de vivienda en Cataluña.

Desde el ámbito local, la iniciativa se percibe como una oportunidad para revertir dinámicas de despoblación. El alcalde de Planoles, David Verge, ha subrayado que la construcción de vivienda es «clave» para retener a la población joven y reactivar el dinamismo económico y social de los municipios que han perdido más del 40% de su población en las últimas tres décadas. No obstante, también ha reclamado un mayor apoyo financiero y técnico por parte de la Generalitat.

Los convenios firmados establecen que la Agència de l’Habitatge de Catalunya supervisará durante 75 años el cumplimiento de las condiciones por parte de los promotores. Transcurrido ese periodo, las viviendas revertirán a los ayuntamientos. Los consistorios, además, se comprometen a agilizar los trámites urbanísticos, con un plazo máximo de tres meses para conceder las licencias de obra.

En cuanto a la adjudicación de las viviendas, los municipios podrán optar por gestionar directamente el proceso o delegarlo en los promotores, siempre bajo criterios de transparencia y concurrencia. Asimismo, se contempla la posibilidad de introducir requisitos como el empadronamiento para priorizar el acceso de los vecinos.

En paralelo, el Govern prevé ampliar esta primera fase con la licitación de nuevos solares de titularidad pública, hasta alcanzar un total de 63 terrenos con capacidad para construir 823 viviendas. Illa ha defendido el carácter «ambicioso» de la política de vivienda catalana y ha subrayado que la comunidad lidera la construcción de vivienda protegida en España: en 2025, Cataluña concentró tres de cada diez pisos protegidos edificados en el país, con un total de 3.517 unidades.