Illa refuerza las clases de catalán para «integrar» a los más de 120.000 inmigrantes regularizados por Sánchez

El Gobierno autonómico catalán ha aprobado un paquete de medidas para acompañar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que sitúa el catalán en el centro de la política de integración: ampliará en 50.000 las plazas de cursos básicos hasta alcanzar las 150.000 matrículas el curso 2026-2027 y ha conseguido que el aprendizaje de las lenguas oficiales cuente en la primera renovación de los permisos de residencia. El Ejecutivo de Salvador Illa presenta este giro lingüístico como una «herramienta de integración» para los entre 120.000 y 150.000 extranjeros que podrían regularizarse en Cataluña, en un contexto de fuerte presión migratoria y debate sobre el modelo de cohesión social.

Un plan específico para impulsar el catalán ligado a la regularización

En el marco de los acuerdos aprobados por el Consell Executiu del 21 de abril, la Generalitat ha puesto en marcha un paquete de medidas de apoyo al proceso de regularización extraordinaria que incluye un eje específico dedicado al «conocimiento y uso del catalán». El documento oficial del Gobierno autonómico detalla que el dispositivo no se limita al trámite administrativo, sino que incorpora medidas de acogida lingüística, ampliación de la oferta formativa y más convocatorias de acreditación, «especialmente en los niveles iniciales (A1 y A2)».

El plan prevé materiales informativos sobre los recursos para aprender catalán, la ampliación de cursos y nuevas subvenciones a ayuntamientos y entidades para extender esta oferta en todo el territorio, reforzar el voluntariado lingüístico y apoyar actividades de aprendizaje informal en colaboración con la sociedad civil. Estas actuaciones se integran en un paquete de cinco ejes estratégicos: información y difusión, formación de profesionales, acompañamiento a la regularización, apoyo a la acogida laboral y, específicamente, conocimiento y uso del catalán.

50.000 nuevas plazas: hasta 150.000 alumnos de niveles iniciales

Paralelamente, el Gobierno autonómico ha activado un plan específico de impulso del catalán asociado a la regularización, que refuerza el papel del Consorci per a la Normalització Lingüística y la red de escuelas de adultos. Según ha detallado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para el curso 2026-2027 se ofrecerán 50.000 plazas adicionales de niveles básicos A1 y A2, hasta alcanzar las 150.000 plazas de aprendizaje inicial, lo que supone un incremento del 50% respecto al curso anterior.

Estas nuevas plazas se orientan especialmente a las personas migrantes que regularicen su situación y deban renovar su permiso de residencia y trabajo tras el primer año, dado que los niveles A1 y A2 son los que se tendrán en cuenta en esa primera prórroga. La ampliación se canalizará mediante más grupos en el Consorci de Normalització Lingüística, en los centros de adultos y a través de subvenciones a ayuntamientos, sobre todo en municipios pequeños, para que puedan organizar cursos y actividades de inmersión lingüística.

El giro del Gobierno de Illa no se limita a aumentar la oferta de clases, sino que busca que el catalán tenga efectos jurídicos concretos en la nueva situación de los inmigrantes. La Generalitat presentó una enmienda al real decreto estatal de regularización extraordinaria para que el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia se incorpore como criterio en la prórroga del permiso al cabo de un año.

Esa enmienda ha sido incorporada al texto definitivo publicado en el BOE, que establece que el informe preceptivo para obtener la prórroga deberá certificar que la persona ha iniciado el aprendizaje de las lenguas oficiales. El Govern subraya que el nivel exigido será inicial y que lo determinante no será la fluidez, sino la constatación de que se ha comenzado un itinerario formativo, ya sea a través de cursos organizados por la Generalitat o mediante otras vías homologadas.

Desde el Ejecutivo catalán se insiste en que «la lengua catalana debe ser una herramienta de integración» y que se pondrán «recursos suficientes» para garantizar el acceso universal a la formación, con la vista puesta en un volumen de entre 120.000 y 150.000 posibles beneficiarios de la regularización en Cataluña.

El ejecutivo catalán presenta este paquete como una oportunidad para reducir la economía sumergida, reforzar la cohesión social y aportar seguridad jurídica tanto a las personas regularizadas como al tejido productivo, mediante itinerarios de acogida que combinen formación lingüística, diagnóstico ocupacional, orientación y apoyo en la búsqueda de empleo. Entre los ámbitos prioritarios se citan sectores como el comercio, la construcción, los cuidados y la hostelería, donde se desplegarán programas de formación dual para facilitar la inserción laboral.

Sin embargo, el vínculo entre regularización masiva y refuerzo del catalán introduce un elemento adicional en el debate político en Cataluña y en el conjunto de España: por un lado, el Govern presenta la lengua como clave de integración y cohesión; por otro, sectores críticos advierten del reto de integrar a decenas de miles de nuevos residentes en un contexto de fuerte presión sobre los servicios públicos y de una marcada agenda lingüística en la escuela, la administración y la vida cotidiana. En todo caso, la combinación de regularización extraordinaria y expansión acelerada de los cursos de catalán confirma que el Gobierno de Illa quiere hacer de la lengua un filtro determinante en la fase posterior a la concesión de los papeles, cuando toque renovar los permisos y medir el grado de integración de los nuevos residentes.