Los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon, en una foto de archivo
Cataluña
Retiran el delito que podía llevar a prisión a los exconsejeros catalanes juzgados por vacunar tarde a policías
La Audiencia de Barcelona aplica la doctrina Botín y deja la causa contra la antigua cúpula de Salud limitada a la prevaricación administrativa, en un proceso que se alargará hasta mediados de julio
El juicio contra la antigua cúpula del Departamento de Salud por la gestión de la vacunación contra la covid a policías nacionales y guardias civiles ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona con una decisión que marca desde el inicio el perímetro real del caso: el tribunal ha eliminado la acusación más grave, la que podía derivar en penas de prisión.
La primera sesión, centrada en resolver las cuestiones previas planteadas por las partes, ha servido para que la sala acepte excluir el delito contra los derechos de los trabajadores. Este era el único de los cargos que abría la puerta a penas de cárcel para los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon y otros tres ex altos cargos del departamento.
La decisión se basa en la aplicación de la doctrina Botín, un criterio jurisprudencial que impide sostener una acusación penal exclusivamente a partir de la acción popular cuando no cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal ni con una acusación particular ejercida por las personas directamente perjudicadas. En este caso, el tribunal entiende que no se cumplen esos requisitos.
La defensa de Argimon, representada por la abogada Olga Tubau, había planteado precisamente esta cuestión como punto de partida. Su tesis era que el delito en cuestión protege derechos individuales de trabajadores concretos y que, al no haber una acusación directa de los afectados ni respaldo del fiscal, no podía mantenerse en el procedimiento. Tras un receso, la sala ha dado luz verde a esta interpretación.
El efecto inmediato de la decisión es relevante: el caso queda reducido a un único delito, el de presunta prevaricación administrativa. A partir de aquí se centra el núcleo del juicio, en el que la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para la mayoría de los acusados, con una excepción para uno de ellos, para quien pide la absolución, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por los sindicatos policiales Jupol y Jucil, elevan la petición hasta los 15 años de inhabilitación y una multa de 72.000 euros.
Cronología
El procedimiento se enmarca en la gestión de la vacunación durante la primavera de 2021, en plena pandemia, cuando la organización de la inmunización de los distintos cuerpos policiales en Cataluña generó un fuerte debate. Según el relato de la acusación, el ritmo desigual entre cuerpos acabó situando a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en una posición de desventaja respecto a otros colectivos, como los Mossos de Esquadra, las policías locales o los bomberos, lo que derivó en denuncias y en una intervención judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para acelerar el proceso.
A partir de ahora, el juicio entra en su fase probatoria. En los próximos días está previsto que declaren testigos y que se empiece a reconstruir con detalle cómo se tomó cada decisión administrativa. Después será el turno de los acusados y de los informes finales. La vista se prolongará hasta mediados de julio, cuando el tribunal deberá determinar si la actuación de los responsables de Salud fue una decisión política discutible o si, por el contrario, puede encajar en un delito de prevaricación.
