Barcelona da el primer paso para dotar con pistolas táser a la Guardia Urbana

La Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles de forma inicial el reglamento que permitirá a la Guardia Urbana utilizar pistolas eléctricas táser. El texto ha salido adelante con los votos favorables de PSC, Junts y PP, el rechazo de Barcelona en Comú y ERC y la abstención de Vox. Ahora se abre el periodo de información pública y presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva en el Pleno municipal.

El tercer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido la necesidad de incorporar este dispositivo como una herramienta intermedia entre la defensa extensible y el arma de fuego, especialmente tras los incidentes registrados en los últimos meses. Según ha subrayado, el reglamento garantiza una formación exigente para los agentes, reglas claras de utilización y un control exhaustivo de cada intervención.

La normativa establece que las táser solo podrán utilizarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de los agentes, de terceros o de la propia persona sobre la que se actúa. Su uso quedará limitado a supuestos como agresiones violentas, amenazas con armas, intentos de suicidio u otras situaciones de extrema necesidad. Antes de recurrir a la descarga eléctrica, los agentes deberán agotar las vías de diálogo, negociación y mediación y advertir expresamente a la persona afectada.

El reglamento también introduce limitaciones específicas. Queda prohibido emplear estos dispositivos sobre personas esposadas o bajo custodia en dependencias policiales, así como frente a conductas de resistencia pasiva. Asimismo, con carácter general no podrán utilizarse sobre embarazadas, menores de 14 años, personas de edad avanzada o especialmente vulnerables por motivos de salud, salvo que exista un riesgo inminente de mayor gravedad. Cada descarga tendrá una duración máxima de cinco segundos.

Solo podrán portar estas armas los agentes de carrera que hayan superado una formación específica, que incluirá contenidos jurídicos, operativos, de primeros auxilios y atención a personas con crisis de salud mental.

Registro de todas las actuaciones

El reglamento incorpora además un sistema de supervisión reforzado. Todas las pistolas deberán registrar automáticamente datos como la hora de activación, el número y la duración de las descargas. Además, tanto el dispositivo como los agentes que lo porten deberán contar con sistemas de grabación de imágenes.

Tras cada utilización será obligatoria la asistencia sanitaria a la persona afectada, la preservación de las pruebas y la elaboración del correspondiente informe policial.

La Guardia Urbana elaborará además un informe anual con datos sobre el número de intervenciones, el tipo de incidentes, la presencia de armas, posibles episodios de salud mental, el perfil de las personas afectadas y las lesiones registradas. Este documento será remitido al gobierno municipal, a la Sindicatura de Greuges de Barcelona y se publicará conforme a los criterios de transparencia.

La aprobación inicial ha evidenciado la división entre los grupos municipales. Junts ha justificado su apoyo al considerar que el gobierno de Jaume Collboni ha incorporado el diálogo con los sindicatos policiales, mientras que el PP ha lamentado que la ciudad haya perdido «más de un año» para sacar adelante una regulación que considera necesaria.

Por el contrario, Barcelona en Comú ha anunciado que volverá a presentar alegaciones para endurecer las limitaciones de uso, reduciendo el número máximo de descargas y prohibiendo expresamente su utilización sobre menores y personas con problemas de salud mental. ERC ha criticado que el texto sea prácticamente idéntico al presentado hace un año y reprochó que no se hayan aceptado sus propuestas de modificación. Vox, por su parte, ha optado por la abstención al considerar que el reglamento ofrece un exceso de garantías para los delincuentes y llega «un mandato tarde».