El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, tras realizar una declaración institucional,
Llarena se ve obligado a asumir la doctrina del Constitucional y cierra la causa para Puigdemont
A pesar de ello, el magistrado que investigó el 'procés' en el Tribunal Supremo destaca que «subsisten los indicios» de malversación
El juez Pablo Llarena, quien fuera el encargado de investigar el 'procés', ha cerrado la causa contra Carles Puigdemont tras acatar la doctrina del Tribunal Constitucional que aplica la amnistía al expresidente de la Generalitat.
Sin embargo, el magistrado ha asegurado, una vez más, que «subsisten los indicios» de malversación y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal, que juzgó el caso, aplicarle la ley de amnistía.
Así lo indica en un auto de este lunes, después de que Llarena ya señalara el pasado octubre que considera aplicable la amnistía para Puigdemont al acatar la doctrina del Tribunal Constitucional y confirmara su decisión de levantar la orden de detención contra él.
El juez acuerda con esta decisión dejar sin efecto el procesamiento del expresident de la Generalitat y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, al tiempo que declara terminado el sumario abierto sobre los tres encausados.
Además, ha enviado las actuaciones a la Sala de lo Penal para que resuelva sobre el fin de la fase de investigación y el eventual archivo de las actuaciones por la ley de amnistía, que ya ha aplicado al exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, que fueron condenados por malversación después del juicio que el Supremo celebró en 2019 bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena.
El magistrado afirmó que la doctrina del Constitucional debe aplicarse aunque no comparta sus argumentos, y que su desacuerdo no puede servir para condicionar ni retrasar el cumplimiento de la sentencia. Además, reprochó al tribunal la falta de «mesura» en su resolución.
