
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, en una imagen de archivo
Tribunales
Reclaman 35.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona por el empadronamiento ilegal de una okupa en la era Colau
El desahucio se retrasó dos años, como consecuencia del empadronamiento, además de existir un daño económico y patrimonial hacia los propietarios
La relación entre la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y los colectivos okupas de la ciudad es conocida, y quedó demostrada en los años que estuvo al frente del Ayuntamiento. Durante sus mandatos los okupas tomaron posesión de Can Vies, el Ateneu l’Entrebanc, La Dispersa, el Guernika o el Old School. Además, ONGs vinculadas con estos movimientos sociales recibieron subvenciones millonarias, la mayoría a dedo, sin pasar por ningún concurso público.
Durante la campaña electoral de 2015, Colau fue con otros okupas a una fiesta organizada en la masía de Can Masdéu, que llevaba 13 años resistiendo ser desalojada, para celebrar su próximo triunfo electoral. También se dedicó, con dinero público, a reparar centros okupas, como el Casal dels Tres Lliris, que costó 94.623,95 euros para acondicionarlo y 40.000 euros más en arreglarlo y llevar a cabo una serie de obras.
Colau no se conformó con llevar a cabo estas reformas y subvencionar ciertos espacios, donde presuntamente se hacían talleres, para el bien del barrio: el Ayuntamiento de Barcelona dio un paso más allá y llegó a empadronar a personas en casas particulares, una situación que ahora llega a los juzgados.
Juicio al Ayuntamiento
El Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona está llevando el juicio de los propietarios de un inmueble contra el Ayuntamiento de Barcelona porque en el año 2018 se empadronó allí a una mujer que reconoció estar okupando un inmueble. Esa mujer, según declaró en el momento de pedir ser empadronada, no podía trabajar por tener una enfermedad. Al no recibir los recursos necesarios, no tuvo más necesidad de convertirse en okupa, según adelanta Crónica Global.
Así lo detalló en la instancia que entregó a la oficina correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona. En vez de comprobar y dar una solución al tema, el consistorio prefirió empadronar a la persona en aquella finca que ni era de su propiedad ni tenía un contrato de alquiler, y dar por cerrado el expediente. En la instancia, dirigida como toda al alcalde o alcaldesa, le comentaba a Colau que era una vecina de la ciudad y le pedía el empadronamiento en su domicilio actual, okupado.
Este acto que podríamos considerar social, para que esta mujer pudiera beneficiarse de una serie temas vinculados con su enfermedad, fue contraproducente para los propietarios. El desahucio se retrasó dos años, como consecuencia del empadronamiento, además de existir un daño económico y patrimonial hacia los propietarios.
El abogado de los propietarios de la finca, Pablo de Palacio, considera que el Ayuntamiento debería asumir la responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado a los legítimos propietarios, que vieron vulnerados sus derechos fundamentales a la propiedad privada y a la protección de su patrimonio. Por eso les reclama una indemnización de 35.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial.