La Roca del Vallès (Barcelona) cede: retira la exigencia del B1 de catalán para trabajar de operario municipal

Convivencia Cívica Catalana (CCC)ha conseguido que el Ayuntamiento de La Roca del Vallès (Barcelona) elimine la exigencia de acreditar un B1 de catalán para acceder a plazas para puestos de trabajo técnicos, para la brigada municipal. La entidad presentó una demanda contra las bases del concurso al considerar que se estaba exigiendo un nivel de catalán «excesivo» y suponía «una barrera» para el resto de ciudadanos que no estaba «justificada» y «lesionaba» el principio de igualdad.

CCC alegaba en su escrito que esta exigencia infringía sentencias del Tribunal Constitucional, además del artículo 12 y el 23.2 de la Constitución, porque la base impugnada exigía que todos los aspirantes, para poder participar en la convocatoria, estuvieran en posesión de un nivel de catalán B1 (o un nivel superior) o, de no acreditarlo, hicieran una prueba de dicho nivel.

Pero entendía la entidad que ese nivel se exigía de manera «indiscriminada» y sin justificación, además de que tampoco era proporcional al nivel de exigencia a las plazas que se tenían que cubrir que, en este caso, eran operarios de brigada. Finalmente, y después de recibir la demanda del Juzgado de lo Contencioso de Barcelona, el Ayuntamiento estimó extraprocesalmente la petición de Convivencia Cívica y eliminó la exigencia de B1 de catalán.

Otros precedentes

Pero no es el único caso en que la justicia da la razón a CCC. También se suspendió la convocatoria del Ayuntamiento de Hospitalet para cubrir varios puestos de operarios de mantenimiento. En este caso fue el Juzgado Contencioso 7 de Barcelona que ordenó suspender cautelarmente esa convocatoria para evitar que se produzca «de manera efectiva la exclusión de ciudadanos que no acrediten tener el nivel C1 de catalán». Y algo parecido ocurrió con las oposiciones en Sant Andreu de Llavaneres(para la Brigada); Roses (para operarios turísticos) o Sant Andreu de la Barca (personal de limpieza).

Para el presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, «lo que realmente están haciendo muchas administraciones locales con bases muy similares a la que ha anulado Roses es establecer una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública de aquellos españoles que no pueden acreditar un nivel determinado de conocimiento del catalán (en este caso B1), sin que exista justificación para ello y sin que sea proporcional a las exigencias del puesto ofertado». Considera que todos estos precedentes son muy importantes «para racionalizar la exigencia del nivel de catalán en las oposiciones».