Un ayuntamiento socialista de Tarragona exige buena pronunciación en catalán para optar a una plaza de electricista

El Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), gobernado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha fijado un examen de catalán de nivel intermedio-alto (B2) para acceder a una plaza de electricista municipal, en el que se llega a penalizar la «mala pronunciación» propia de castellanohablantes. La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana ha presentado una demanda ante la Justicia al considerar «desproporcionado» el requisito lingüístico, que ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona. La asociación reclama que se rebaje la exigencia al nivel elemental (B1), el que la propia Generalitat prevé para este tipo de operarios, según informa El Mundo en información exclusiva.

Un examen lingüístico eliminatorio

Las bases de la convocatoria, aprobadas el 3 de noviembre, establecen que la prueba de catalán B2 será de carácter eliminatorio, calificándose como «apto» o «no apto» y quedando excluidos del proceso los aspirantes que no alcancen el nivel requerido, de modo que el dominio del idioma se convierte en filtro previo incluso para un puesto técnico como el de electricista. El examen al que ha tenido acceso El Mundo incluye ejercicios de fonética y dominio oral en los que, de acuerdo con el manual de corrección, «se penalizará la pronunciación incorrecta» de sonidos característicos de castellanohablantes.

Penalizaciones por la pronunciación

Entre los aspectos que se castigan figuran «no distinguir entre vocales abiertas o cerradas», «ensordecer las eses sonoras» –como en la palabra casa–, «no pronunciar la ele palatal» –como en cavall– o «no enmudecer consonantes al final de palabra», algo habitual en los infinitivos verbales como menjar, detalla la información de El Mundo. Se trata de matices fonéticos propios de hablantes nativos que, en la práctica, elevan el listón hasta un uso casi perfecto del catalán, muy alejado del nivel funcional que cabría esperar para el desempeño de tareas de mantenimiento eléctrico.

Complejidad gramatical y pruebas de expresión

El examen incorpora igualmente ejercicios de gramática avanzada, como la correcta utilización de los pronombres débiles (-ne, -se, -hi, -ho...), inexistentes en castellano y que incluso muchos catalanohablantes emplean de forma incorrecta, según subraya El Mundo. La prueba se completa con un apartado de «léxico y fraseología» en el que se pregunta por el significado de términos como «malucs» (caderas) o de expresiones como «combregar amb rodes de molí», equivalente a hacer creer cosas inverosímiles.

Léxico, morfología y redacción

El bloque de «morfología» obliga a escribir plurales de sustantivos que requieren diéresis, como veïns, o palabras con doble ese, como rossa, mientras que el de ortografía se centra en vocablos con acentuación abierta, por ejemplo crèdit. Además, los aspirantes deben redactar un correo electrónico de unas 150 palabras en el que se ofrezcan para trabajar como canguro de niños a cambio de alojamiento gratuito y mantener una «conversación guiada» sobre el uso de bibliotecas, ejercicios alejados del ámbito ordinario de un electricista de la Administración local.

Convivencia Cívica Catalana ha impugnado las bases al entender que el Ayuntamiento de Amposta solicita un nivel de catalán «desmedido» para operarios y contrario a la normativa de la Generalitat sobre exigencias lingüísticas en el empleo público, que fija para estos puestos un grado inferior. En su demanda, la entidad advierte de que este listón actúa como barrera de acceso para «cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña», reforzando una dinámica excluyente en el ámbito municipal, según recoge El Mundo.

«Uso del catalán para excluir»

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, el abogado Ángel Escolano, denuncia que «ayuntamientos como Amposta están utilizando el catalán para discriminar y excluir a los no catalanohablantes de los puestos públicos», al exigir que «para ser electricista el aspirante pronuncie las vocales o las eses de una determinada manera, lo que no tiene justificación alguna», en declaraciones publicadas por El Mundo. Estas críticas inciden en el uso de la política lingüística como instrumento de selección ideológica y social en los pocos espacios de poder institucional que el independentismo mantiene tras el fin del procés.

No es la primera vez que Convivencia Cívica acude a los tribunales por esta cuestión: tal y como reveló El Mundo en octubre, una demanda contra el proceso de selección de un empleado del Ayuntamiento de Vic, gobernado por Junts, concluyó con la condena del Consistorio por vulnerar la normativa lingüística. En ese caso, el municipio exigía un nivel B2 de catalán para una plaza de operario de cementerio y mantenimiento y el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona declaró «nulas» las bases del concurso y ordenó rebajar el requisito al nivel básico (A2), lo que provocó una airada reacción del partido de Carles Puigdemont, que interpretó la sentencia como un ataque al catalán.