La Justicia da la razón al cocinero de Barcelona que fue despedido por suspender un examen de catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón al cordobés Manuel Escribano, que en 2024 fue obligado a abandonar su puesto como cocinero en el Ayuntamiento de Barcelona tras 17 años trabajando allí por no acreditar un nivel B2 de catalán. El juez ha declarado «improcedente» su cese, ya que considera que sufrió «indiscriminación indirecta».

Escribano fue cesado en enero de 2024, después de que el consistorio –gobernado por el socialista Jaume Collboni– le exigiese un nivel B2 de catalán, el intermedio, para renovarle el contrato. El cocinero, de la mano de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC), acudió a los tribunales: en marzo de 2025 estos avalaron su despido, pero al elevar el caso al TSJC, este la ha dado la razón.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Debate, el juez obliga al Ayuntamiento a readmitir a Escribano «en su mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones a las que regían la relación laboral con anterioridad al despido» o bien a pagarle una indemnización de 58.696,92 euros.

El magistrado del TSJC estima en parte el recurso interpuesto por Escribano en marzo, y considera que pedir el nivel B2 de catalán al cocinero no supone una «discriminación directa», pero sí una «indiscriminación indirecta». Según la argumentación del juez, para que fuese lo primero, Escribano debería haber impugnado las bases del concurso.

Así, el TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado exigir un «conocimiento mínimo» de catalán para acceder a puestos de trabajo públicos en Cataluña, pero señala que en el caso de Escribano sí «puede cuestionarse la proporcionalidad del concreto nivel exigido», ya que «la exigencia no implica por sí misma una discriminación».

La sentencia reconoce que Escribano fue el único aspirante que se presentó al puesto, pero señala que esto pudo deberse a la exigencia del B2 de catalán, y que «pudiera haber otras personas legítimamente interesadas en la plaza que no participaron en el proceso selectivo por ser conscientes de que no superarían la prueba de catalán».

Celebran la sentencia

La sentencia ha sido recibida con alegría por parte de CCC, asesores legales de Escribano, ya que –señalan– «deja claro que no aprobar el examen de catalán no autoriza a la administración a echar a un empleado público». El presidente de la entidad, Ángel Escolano, celebra la constatación de que «el requisito lingüístico no puede convertirse en una causa encubierta de despido ni en un instrumento para expulsar a empleados públicos con años de servicio en el Ayuntamiento».

En un comunicado, CCC subraya que el tribunal «no cuestiona en abstracto la existencia de pruebas lingüísticas», pero sí establece «límites nítidos» a su utilización, advirtiendo de los efectos «excluyentes y desproporcionados» que puede tener su aplicación automática, especialmente en puestos sin atención al público, como es el caso del cocinero cordobés.

Escribano fue contratado en 2007 por el Ayuntamiento y consiguió alcanzar la categoría de personal laboral en 2014. El examen de catalán que suscitó su despido venía de un proceso de estabilización mediante concurso de méritos puesto en marcha en 2022, y tuvo lugar en septiembre de 2023. «Salí con buenas sensaciones», señala el cocinero, en declaraciones a ABC.