El juez de Tarragona que ha imputado a Montoro llevaba siete años investigándole en secreto

Aunque la noticia de la imputación del exministro Cristóbal Montoro y varios de sus colaboradores por favorecer a empresas gasísticas durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Hacienda ha caído por sorpresa para muchos, esta no es una investigación nueva. De hecho, medios catalanes como El Periódico ya venían publicando informaciones sobre la misma desde hace meses.

Así, en septiembre de 2024 este medio publicaba una noticia en la que citaban fuentes de Fiscalía y que decía lo siguiente: «La justicia mantiene abierta una investigación declarada secreta desde 2018 en relación con la actividad del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por una docena de supuestos delitos de corrupción».

La investigación se había mantenido hasta entonces bajo secreto de sumario hasta este jueves, momento en que el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha notificado al exministro popular y a otras 28 personas físicas –y seis personas jurídicas– su imputación. Montoro asumió la cartera de Hacienda en dos ocasiones, del 2000 al 2004 y del 2011 al 2018, y se desligó del despacho Equipo Económico en 2012.

«Red de influencias»

Según el auto, adelantado por La Vanguardia, Equipo Económico fue contratado hasta en dos ocasiones por empresas gasistas para que el despacho usase su «red de influencias» para motivar reformas legislativas que les favoreciesen; por ejemplo, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

El juez Rus Vela apunta a la existencia de una organización «en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico».

«Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización», remarca el auto.

Según la investigación, el despacho –que actualmente opera como Global Afteli– habría recibido al menos 779.705 euros entre 2011 y 2019 por estas operaciones, según cálculos del juzgado. Parte de ese dinero se habría camuflado como pagos por informes técnicos elaborados por terceros, que el despacho simplemente retocaba, aunque sus minutas multiplicaban por diez las tarifas de las consultoras subcontratadas.

Levantamiento del secreto

El secreto de sumario que levantó, según el auto, el pasado 19 de junio, aunque no se ha comunicado hasta hoy a los imputados. El documento no alega ninguna razón explícita sobre la fecha concreta en que se ha producido el levantamiento del secreto, algo que ocurre típicamente cuando el juez considera que las pruebas son sólidas y no se comprometerá la investigación al hacerla pública.

Desde el PSOE no han tardado en salir al ruedo a criticar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por llamar «mafia» al Gobierno mientras que «los dos ministros de Hacienda del Partido Popular han acabado imputados. Y si llegan a poner tres, pues habrían sido tres», ha expresado la formación en X.