El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en primer plano durante el juicio del caso 'Alquería'.
Comunidad Valenciana La UDEF sitúa al expresidente socialista de la Diputación de Valencia al frente de una trama corrupta
El expresidente de la Diputación de Valencia se enfrenta a dieciocho años de prisión por contratar falsamente a afines del PSPV-PSOE y Compromís
El juicio por el caso ‘Alquería’ continúa y la declaración de un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha señalado directamente al considerado como cabecilla de la trama, el expresidente socialista de la Diputación de Valenciana Jorge Rodríguez.
Este, que está acusado de liderar una trama para contratar falsamente a afines del PSPV-PSOE y Compromís en la empresa pública Divalterra como altos directivos, ha tenido que escuchar cómo se le ha acusado de tener «conocimiento absoluto» de la «arbitrariedad» de dichos contratos. «El presidente estaba al tanto de todo», ha insistido el perito.
Para respaldar sus afirmaciones, el testigo se ha basado en una serie de correos electrónicos que el propio Rodríguez recibió y en los que se le adjuntaban informes advirtiéndole de las sospechas de ilegalidad a la hora de llevar a cabo esas contrataciones.
Concretamente, el agente se refiere a una comunicación enviada por el entonces gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, instándole a explicar la legalidad de esos contratos «en el Consejo de Administración» de la empresa dada la «incertidumbre» que le causaba.
Asimismo, el miembro de la UDEF ha detallado que, en otro momento, fue el propio Rodríguez quien en un chat hablaba sobre esos puestos de trabajo en los siguientes términos: «Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica. Ése era nuestro perfil que hemos buscado nosotros«, a lo que añadía que los socialistas «solo» tenían «dos chorradas de Medio Ambiente».
A raíz de estas conversaciones, el investigador saca dos conclusiones. La primera es lo chocante que le resultó que Rodríguez hablase de «direcciones de área» como «chorradas», mientras que la segunda es que el reparto de esas áreas «queda en entredicho» porque se habría hecho «entre los miembros del partido».
Rodríguez no ha sido el único al que la declaración del agente le ha supuesto un serio golpe a su estrategia de defensa, ya que una cogerente de la empresa pública, Agustina Brines, sabía «exactamente o más que Rodríguez», ha señalado.
Así, ha apuntado que la exdirectiva hablaba «abiertamente» de que los contratos investigados «estaban cogidos con pinzas» y que tenían que mirar «por el retrovisor» porque eran conscientes de que estaban cometiendo «una ilegalidad», ha relatado el agente.
Sobre este último extremo, el investigador ha leído uno de los correos electrónicos mandados por Brines: «Me dices qué retrovisor llevo puesto. Por supuesto. En esto y en muchas cosas que igual algún día agradeceremos. En concreto, con las personas de confianza… Y, además, vienen de un acuerdo político y de hace un par de años».
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 1,1 millones de euros el dinero desviado por Rodríguez y los demás investigados y por ello solicita para él una pena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación.
Sin embargo, la acusación popular que ejerce el Partido Popular pide para el expresidente de la Diputación de Valencia que la condena ascienda hasta los dieciocho años de cárcel.
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