Una de las charlas en el centro de Provida en Castellón.
Comunidad Valenciana Puig se ceba con la Asociación Provida y los desahucia de un centro en Castellón que cedió hasta 2025
La asociación atiende diariamente «a más de 300 familias» que se quedarán «sin la ayuda indispensable para cubrir sus necesidades básicas»
Los niveles de sectarismo del tripartito valenciano se superan cada día. La, por el momento, última noticia al respecto ha sido que el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig cuenta los días para desahuciar la sede que la asociación social Provida tiene en Castellón.
Lo paradójico de la situación es que quien está llevando a cabo ese proceso es la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a cuyo frente se encuentra Aitana Mas, «orgullosa» sucesora de una presunta encubridora de abusos sexuales a una niña de catorce años en un centro de menores tutelados por ella misma, Mónica Oltra.
Por si fuera poco, el lema del partido de Mas, Compromís, para concurrir a las elecciones fue el de «Rescatamos Personas». Pues bien, ahora, esos mismos están a punto de mandar a la calle a un colectivo sin ánimo de lucro que atiende diariamente a más de 300 familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.
No solo eso, sino que, tal como explica la propia asociación, «el 100% de las mujeres» a las que ayudan están «por debajo del umbral de la pobreza» y el 83% de ellas asisten allí porque son «derivadas de los Servicios Sociales públicos». Por tanto, no parece una adecuada manera de agradecer los servicios prestados.
Sin dar explicaciones
La razón que el Gobierno valenciano esgrime es que el local en cuestión se encuentra en estado de «no utilización» por parte de Provida. En base a ello, pretende destinar esas instalaciones a un «centro de crisis 24 horas para la atención a víctimas de violación sexual».
Para justificarlo, el departamento de Aitana Mas arguye para el desahucio que en el término municipal de Castellón «no existen locales de similares condiciones propiedad de la Generalitat susceptibles de inversión en reforma y suministro, con las dimensiones adecuadas y susceptible de atención ambulatoria y residencial».
Provida, en cambio, no se está dejando amedrentar y responde con contundencia. De este modo, asegura que el Gobierno de Puig y Aitana Mas está dejando en el «desamparo a 300 mujeres con hijos menores y familiares a su cargo».
Igualmente, califica la «resolución de revocación de ocupación temporal del inmueble» como algo «sorprendente»: «Nos piden las llaves, sin darnos plazos ni más explicaciones».
Asimismo, la asociación prosigue en su queja y recuerda que la cesión oficial del local se hizo en el año 2015 y por un período de diez años, por lo que todos sus miembros deberían permanecer en las instalaciones afectadas, al menos, hasta que extinga la relación contractual en 2025, es decir, dos años más.
Conscientes de las consecuencias y los perjuicios que tendrá para las familias a las que atiende el desahucio forzoso por el tripartito, Provida ya ha anunciado que si la Generalitat no revierte esta decisión, se acabará llegando «a la Justicia ordinaria».
Este camino, siempre indeseable, evitable y costoso, tiene muchos números de que llegue porque en la Consejería de Igualdad «ni siquiera dan la opción de recurrir».
En suma, la asociación insta a que Mas y los suyos den marcha atrás ya que lo contrario sería «un grave error» porque significaría dejar a miles de personas «sin la ayuda indispensable para cubrir sus necesidades básicas».
Comentarios
