El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las Cortes Valencianas
Comunidad Valenciana La «falta de empatía» de la administración de Puig convierte a la Comunidad en un «territorio hostil»
El Defensor del Pueblo regional acusa al tripartito de izquierdas de mantener la cita previa por mera «comodidad», algo que ve como un problema «clamoroso»
Una de las promesas electorales del Partido Popular para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo es la de adelgazar la elefantiásica administración que tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, como sus socios han generado en los últimos ocho años.
El tripartito ha hecho ímprobos esfuerzos en hacer creer que el gasto público principalmente en altos cargos y puestos administrativos sin precedentes iba a ser en beneficio de los ciudadanos. Pero la realidad suele imponerse y el presidente autonómico ha quedado en pañales, como el entrenador que pone en el minuto 90 a ocho delanteros, dejando las vergüenzas de su equipo al descubierto tan pronto la cámara amplía el plano.
Dicho de otra manera, no por tener más funcionarios se consigue una administración más ágil, eficaz y práctica para que, en este caso, los valencianos puedan resolver los siempre incómodos asuntos con las instituciones.
Era obvio. En las Cortes regionales se le ha avisado por activa y por pasiva. Ocho años de periodos de sesiones sin duda dan para ello. Pero ni aún así. Ha tenido que ser el Síndic de Greuges, la figura del Defensor del Pueblo autonómico, quien reafirmara esa postura y le diera la puntilla a la política de gasto público disparatado llevada a cabo por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
La Memoria Anual presentada por su presidente, Ángel Luna, no deja nada a dudas. Entre sus páginas recoge no pocos aspectos que dejan en mal lugar al Gobierno valenciano.
La cita previa «no se ampara»
Para no andarse por rodeos comienza fuerte asegurando que la maraña funcionarial ha convertido la Comunidad en un «territorio hostil» porque se han de hacer excesivos requisitos en los que se advierte una «una falta clara de empatía por parte de muchos funcionarios». Ahí es poco.
En esta línea, el escrito señala que lo público con Puig ahora es un «laberinto» y pone el énfasis en la cita previa. Según el órgano consultor, «ninguna ley ampara el mantenimiento» de este procedimiento que bien pudo ser comprensible y asumible «en la pandemia».
A día de hoy, en cambio, lo que está haciendo el tripartito es aprovecharse de esa circunstancia excepcional para hacer eterno algo que no tenía que serlo. El reproche viene porque las consejerías se han instalado en una «comodidad» para «facilitar» el trabajo.
Luna lo ejemplifica negro sobre blanco en el ámbito de la Seguridad Social. Ahí los ciudadanos se ven irremediablemente ante un panorama de «perplejidad, confusión y desahogo». Esa percepción se agrava porque las «mafias han logrado capturar el proceso y venden las citas».
Todo ello, según el Síndic de Greuges, provoca que las personas «en situación de vulnerabilidad» vean «el paso del tiempo sin recibir ayuda», lo que puede ser para ellas y su familia «demoledor».
Comunidad Valenciana
El discurso social de Ximo Puig hace aguas a dos meses de las elecciones autonómicas
El informe supone un duro golpe al discurso social del tripartito, tan empeñado en reafirmarlo a dos meses de que se abran las urnas. No obstante, Luna arroja luz. En esta línea, urge a crear «un verdadero servicio público».
Otro de los casos «paradigmáticos» que recalca es el del Bono Social Térmico, tan sumamente manoseado desde las terminales políticas afines a la izquierda. Sobre este caso, el Defensor lo tiene claro.
Las diferentes consejerías se han ido pasando la 'pata caliente' para ver a quién le correspondía abonar el importe sin que los necesitados recibieran el correspondiente importe. Eso sí, para el catalanismo, todas a una.
Ximo Puig, junto a la vicepresidenta, Aitana Mas, durante una sesión en las Cortes Valencianas.
Cansado de ese esperpéntico contexto digno de la clásica prueba del mítico Grand Prix, Luna se vio obligado a recurrir nada más y nada menos que Presidencia de la Generalitat, es decir, a Puig, para que dijera de una vez cómo se iba a resolver el tema. Al final, como en el juego presentado por Ramón García, la patata siempre estalla en los ciudadanos.
Los aspectos que el organismo público más quejas recibió a lo largo de 2022 fue en lo que toca a la dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión y la discapacidad. El castillo social de naipes de Puig se vuelve a desmoronar.
Frente a todo lo descrito por Luna, la portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, califica de «abandono» lo que el tripartito está haciendo en la región con los servicios sociales.
A su juicio, lo confirmado en la Memoria Anual no deja de ser producto de la «dejadez y falta de gestión» de la Consejería de Igualdad. Este departamento no deja de estar en entredicho.
No ya por lo descrito hasta el momento, sino también porque su jefa es Aitana Mas, sucesora de Mónica Oltra y dimitida esta por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años tutelada por ella. Y aún así, catorce imputados en la causa continúan en sus puestos.
Otro de los motivos por los que la popular cree que la política social de Puig ha entrado en un «deterioro progresivo» es que la ejecución presupuestaria de la Consejería «no llega ni al 25 %» de lo inicialmente previsto.
Tanto con la Renta Valenciana de Inclusión, con el Plan Convivint –que supuestamente consistía en construir viviendas sociales–, como con las cero plazas licitadas en residencias de mayores, Bastidas opina que el tripartito ha «abandonado a una gran mayoría de gente que no puede ser atendida».
Por su parte, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, declara que, siguiendo la argumentación de Ángel Luna, el de Puig es un Gobierno «hostil para las personas», ya que «no ha trabajado para mejorar la vida» de los ciudadanos de la Comunidad.
En conclusión, la diputada indica que para su formación «lo primero son las personas» y que para destinar los «recursos necesarios para los ciudadanos» se debería «reducir la administración y el gasto político innecesario».
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