Comunidad Valenciana  El exalcalde de Gandía, condenado a 3 años y medio de prisión por corrupción

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado hoy al exalcalde de la localidad de Gandía Arturo Torró a tres años y medio de prisión por haber cometido malversación a la hora de adjudicar determinados contratos de televisión entre los años 2012 y 2015.

Según la sentencia, el exregidor del PP causó un perjuicio a las arcas públicas del municipio después de que la emisora local, Gandía TV, echase el cierre. Al poco tiempo, fue el propio Ayuntamiento quien le encargó a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), de la que el condenado era presidente, distintos trabajos en el ámbito de la comunicación.

Esa misma sociedad fue la que, ya en 2012, adjudicó dos contratos de servicios televisivos a sendas compañías, Comparques Centras Televisió (CCTV) y Mediterráneo, conocida como Tele 7. En concepto de producciones audiovisuales y retransmisiones consideradas de interés, el importe de ambos contratos superó los siete millones de euros.

«Premiar su silencio»

Tal como ha establecido el Tribunal, Torró estuvo «interesado» en que la primera de las empresas se apartara de prestar los servicios pactados y para ello le ofreció medio millón de euros a su responsable. La «verdadera razón» para ello fue que el exalcalde quería que dicha sociedad finiquitara su relación contractual con IPG y dejara de tener licencia de TDT para emitir en la comarca y, por tanto, que no realizase programas con contenidos políticos que no estuviesen supervisados previamente por el Ayuntamiento de Gandía.

La cantidad que Torró puso encima de la mesa para lograrlo «excedía la que legalmente hubiera podido reclamar CCTV por la resolución del contrato». Por ello, los jueves estiman que ese precio iba destinado «a premiar su silencio o una línea política afín a lo que desde el Ayuntamiento se marcara».

En este sentido, la Audiencia cree probado que toda esa maniobra fue un «artificio» para aparentar una resolución de contrato de mutuo acuerdo, pero que en realidad «no atendía a interés público alguno».

Además de la pena de cárcel, el exalcalde de Gandía deberá abonar junto al que era responsable de CCTV la cantidad de 135.812,50 euros al Consistorio de Gandía. A eso deberá sumarle la condena de seis años y seis meses de inhabilitación absoluta.

Tras conocer la sentencia, Torró ha asegurado que en ella hay « claramente una fea intencionalidad y manipulación». Para intentar argumentarlo, en un comunicado se pregunta cómo él podía «conocer la sentencia desde el Martes Santo» y no termina de comprender cómo le pueden «haber informado desde Madrid cuando el juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia, y teóricamente, la sentencia no estaba todavía dictada».

Asimismo, ha apuntado directamente a los actuales titulares del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Ciencia, Diana Morant, que precisamente fue alcaldesa de Gandía hasta que Sánchez le nombró ministra.

Según Torró, Morant dijo en un mitin el pasado 2 de abril que había sido condenado. Igualmente, señala que Marlaska habló sobre el asunto en los «corrillos festivos» de Madrid cuando la sentencia todavía no se había publicado.

El propio condenado se responde a sus dudas, aseverando que había interés en que la noticia se supiera «justo antes de las elecciones». «Las decisiones judiciales deberían sola y únicamente por el Tribunal», reclama.

Aprovechando el asunto y que quedan pocas semana para los comicios, el PSPV-PSOE ha reaccionado. Lo ha hecho su secretario de Organización, José Muñoz, para apuntar que la sentencia «vuelve a demostrar que el Partido Popular tiene la corrupción en su ADN» y que es su «modus operandi cuando está en las instituciones».

Con la campaña electoral de fondo, Muñoz ha cargado contra la actual cúpula del PP, a quien ha acusado de ser «cómplice de esa gestión y forma de entender la política», así como de ser «más de lo mismo».